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El Gobierno Nacional ha establecido la fecha definitiva para la implementación de la jornada laboral de 42 horas a la semana en Colombia. Este cambio se llevará a cabo mediante un plan progresivo estipulado en la Ley 2101 de 2021, que obliga a todas las empresas del sector privado a adaptarse al nuevo límite de horas laborales.
Es importante destacar que esta modificación no afectará los salarios ni las prestaciones sociales de los empleados. ¿Cuál es la fecha de inicio?
¿Cuándo comenzarán los empleados a trabajar 42 horas a la semana?
Aunque el proceso de reducción ya se inició en 2023 con la jornada de 47 horas semanales y continuará en 2025 con el ajuste a 44 horas, será en 2026 cuando se implemente la etapa final: 42 horas semanales como nuevo máximo permitido.
Esto significa que, a partir de este año, ningún trabajador del sector privado podrá ser obligado a laborar más de ese tiempo regular sin recibir compensación adicional.
Este cambio debe aplicarse sin que se vean afectados el salario base ni los beneficios laborales adquiridos, lo cual ha sido uno de los aspectos más destacados por el Ministerio de Trabajo. No se realizarán recortes económicos ni modificaciones en primas, cesantías, vacaciones u otros derechos previamente establecidos.
Reducción de la jornada laboral: impacto en los salarios
A pesar de que el nuevo horario representa una mejora en términos de calidad de vida y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, es importante señalar que no se implementarán aumentos salariales ni se otorgarán beneficios adicionales como resultado de este cambio.
En otras palabras, aunque los empleados disfrutarán de una reducción en las horas de trabajo, su remuneración permanecerá inalterada y las empresas no tendrán la obligación de proporcionar compensaciones extras.
¿Quién velará por el cumplimiento de la nueva jornada laboral?
Las empresas deberán estar plenamente alineadas con este nuevo esquema antes de 2026. El Ministerio de Trabajo será la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de la ley, aplicar sanciones a aquellos que no realicen los ajustes necesarios y asegurar que los derechos laborales se mantengan intactos durante el proceso de transición. Es fundamental que se establezcan mecanismos de comunicación y apoyo para facilitar esta adaptación.
