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El debate por el salario mínimo en Colombia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. A medida que se acerca el final del mandato del presidente Gustavo Petro, distintos sectores esperan un anuncio que marcará un antes y un después en materia laboral y económica. Lo que está en juego no solo es el monto que recibirán millones de trabajadores, sino también el rumbo de la economía nacional.
Los expertos coinciden en que el último año de gobierno suele traer ajustes más altos en el salario básico. Sin embargo, esta vez la magnitud del incremento genera inquietud, tanto por las cifras proyectadas como por las consecuencias que podría desatar en sectores clave.
En el centro de la discusión se encuentra la capacidad del país para sostener un equilibrio entre el poder adquisitivo de los hogares y la estabilidad macroeconómica. Un reto que, según los análisis recientes, podría convertirse en una fuente de tensión para el 2026.
Aumento del salario mínimo y riesgos inflacionarios
De acuerdo con un informe del Banco de Bogotá, el salario mínimo en Colombia pasaría de $1.423.500 en 2025 a cerca de $1.600.000 en 2026. Este incremento representaría un alza del 12,4%, con un crecimiento real superior al 7%, el más alto en las últimas cuatro décadas.
No obstante, el informe advierte que un ajuste de tal magnitud podría ejercer presión sobre la inflación y afectar el mercado laboral. El Banco de la República ya ha alertado que incrementos elevados en el salario mínimo pueden contribuir al aumento de la informalidad, que en 2025 se ubicó en 55%.
Proyecciones del salario mínimo en Colombia para 2026
Las proyecciones del Banco de Bogotá señalan dos posibles escenarios. Si el aumento del salario mínimo es del 9,5%, la inflación cerraría en torno al 4,1%. En cambio, si se concreta el alza de 12,4%, la inflación subiría a 4,7%, superando la meta del Banco de la República, situada entre el 2% y el 4%.
Además, factores como la reducción de la jornada laboral y la entrada en vigor de la reforma laboral han elevado los costos para las empresas, complicando aún más el panorama. La Comisión Permanente de Concertación continuará las negociaciones, con empresarios, trabajadores y el Gobierno intentando definir un aumento que equilibre necesidades sociales y estabilidad económica.
