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La Corte Suprema de Justicia en Colombia cumple un papel clave en el control de medidas cautelares que afectan directamente al patrimonio de las personas: los embargos de bienes y cuentas bancarias.
Si bien no es la encargada de decretar estas medidas en primera instancia, sí tiene la facultad de revisarlas cuando los casos llegan a su despacho mediante recursos de casación o acciones de tutela. Esa revisión le permite verificar si los embargos cumplen con la Constitución y la ley.
De esta forma, el alto tribunal se convierte en garante de que las decisiones adoptadas por jueces o fiscales no se conviertan en medidas arbitrarias que vulneren derechos fundamentales como la propiedad privada, la igualdad o el debido proceso.
Qué injerencia puede tener la Corte Suprema en los embargos
El rol de la Corte es principalmente de control. Cuando recibe un recurso, examina si el embargo está amparado en la ley y si existe una justificación clara y suficiente para su imposición.
En la práctica, esto significa que el tribunal estudia medidas adoptadas dentro de procesos penales, civiles, laborales o de extinción de dominio. Según sus hallazgos, puede confirmar la medida, modificarla o incluso levantarla cuando encuentra irregularidades.
Así, la Corte Suprema de Justicia asegura que los embargos sean un mecanismo legítimo y proporcional dentro del proceso judicial, y no una herramienta que se aplique de manera arbitraria.
Es la misma Coret Suprema quien en uno de sus documentos informativos asegura que "el canon 111 ejusdem indica que, si bien las órdenes de carácter precautelativo no son susceptibles de recursos, las mismas pueden ser sometidas a un control posterior ante los jueces de extinción de dominio competentes".
Los criterios que tiene en cuenta la Corte Suprema a la hora de ordenar un embargo
- Necesidad: que el embargo sea indispensable para garantizar una sentencia o proteger derechos.
- Proporcionalidad: que la medida no cause un perjuicio mayor al que busca prevenir.
- Motivación: que la decisión esté sustentada en fundamentos jurídicos claros y comprobables.
- Debido proceso: que la persona afectada haya tenido oportunidad de defenderse y presentar pruebas.
- Respeto a la propiedad privada: que exista equilibrio entre la medida cautelar y los derechos individuales protegidos por la Constitución.
Alcance de la revisión de embargos de bienes y cuentas
Aunque la Corte Suprema no dicta embargos de primera mano, sus decisiones tienen un gran impacto. En diferentes oportunidades ha ordenado levantar embargos que no cumplían con los requisitos mínimos de legalidad, y en otras ocasiones ha confirmado medidas cuando considera que estaban justificadas.
La intervención del tribunal genera confianza en el sistema judicial, al actuar como una instancia de garantía y control frente a medidas que afectan directamente el patrimonio de las personas.
