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El gasto público en pensiones comenzó a ocupar el centro del debate económico en Colombia, justo en un momento en el que el país se prepara para definir el aumento del salario mínimo de 2026. Aunque el proceso de negociación apenas inicia, varios analistas advierten que un incremento elevado podría desatar efectos que aún no están del todo claros para la opinión pública.
Desde diferentes sectores se insiste en que el ajuste del salario mínimo no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que también tiene un impacto directo sobre la inflación, la informalidad laboral y las cuentas del Estado. Sin embargo, uno de los puntos más sensibles, y menos visibles para la ciudadanía, está relacionado con el gasto público en pensiones, especialmente en un contexto de estrechez fiscal.
Anif, uno de los centros de pensamiento económico más influyentes del país, lanzó una advertencia concreta: si el salario mínimo sube por encima de los fundamentos técnicos recomendados, el impacto sobre el gasto público podría ser mucho mayor del esperado y comprometer la sostenibilidad fiscal del Gobierno.
Gasto público en pensiones y salario mínimo: por qué preocupa el ajuste
En su análisis, Anif señaló que la inflación y la productividad laboral —los dos indicadores usados tradicionalmente para definir el aumento del salario mínimo— no respaldan un incremento de dos dígitos, como el que ha planteado el Gobierno. Según sus cálculos, la inflación de cierre estaría cerca del 5,34 % y la productividad laboral crecería alrededor del 2,2 %, lo que daría un aumento de referencia cercano al 7,54 %.
Ese porcentaje implicaría varias consecuencias fiscales. En Colombia, la mayoría de pensiones del Régimen de Prima Media están ligadas directamente al salario mínimo; por eso, cada punto adicional de aumento representa un costo significativo para las finanzas públicas. De acuerdo con las cifras de Anif, por cada punto porcentual extra, el gasto del Estado en pensiones sube alrededor de 0,24 billones de pesos, presión que se acumula en un escenario fiscal ya limitado.
Impacto fiscal del salario mínimo y riesgos para 2026
Si el ajuste del salario mínimo se acercara al 10 %, el costo fiscal podría superar 1,12 billones de pesos, elevando el gasto público en pensiones en un momento en el que la regla fiscal exige contención y prudencia. Con un déficit que sigue bajo vigilancia, cualquier desviación en el incremento salarial podría obligar al Gobierno a recortar otros rubros o buscar ingresos adicionales.
Por esto, Anif insiste en que el país necesita un aumento del salario mínimo equilibrado, que proteja el poder adquisitivo sin deteriorar la estabilidad macroeconómica. Un ajuste por encima de lo recomendado, advierten, podría encarecer el empleo formal, aumentar la informalidad y comprometer el espacio fiscal para atender programas sociales prioritarios.
