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Quienes tengan pendiente una cita para sacar o renovar el pasaporte colombiano no deberán asumir que la decisión judicial implica la suspensión del servicio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar temporalmente los convenios sobre los que se estructuró el nuevo modelo, pero al mismo tiempo exigió que la atención al público siga funcionando.

La determinación fue adoptada el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular y establece una medida cautelar mientras avanza el análisis judicial. En otras palabras, se trata de una decisión provisional que busca evitar eventuales afectaciones durante la revisión del esquema.

¿Qué decidió el Tribunal sobre el nuevo modelo de pasaportes?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió poner en pausa la ejecución de dos convenios que forman parte de la transformación del sistema de expedición de pasaportes.

Uno de ellos corresponde al acuerdo suscrito en 2025 y el otro fue celebrado en 2026. El modelo involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores, su Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal.

La decisión, sin embargo, tiene un alcance específico: suspende provisionalmente los acuerdos y los contratos que se desprenden de ellos, pero no ordena detener la expedición de pasaportes.

Este punto resulta clave para los usuarios, debido a que la controversia judicial alrededor del nuevo esquema no puede trasladarse automáticamente a las personas que necesitan obtener el documento para viajar.

¿Las citas para sacar el pasaporte en Colombia siguen vigentes?

Sí. La orden judicial establece que el servicio debe mantenerse activo.

Por eso, las personas que tengan una cita programada deberán poder presentarse y realizar las actuaciones correspondientes al trámite. La suspensión de los convenios no habilita a las entidades para cerrar las oficinas, bloquear la atención o cancelar de forma general las solicitudes de los ciudadanos.

La instrucción apunta precisamente a separar dos asuntos que podrían confundirse: una cosa es la revisión judicial de los convenios y otra muy distinta es el derecho de los ciudadanos a acceder al servicio de expedición del pasaporte.

Mientras se resuelve la situación, las entidades responsables deberán encontrar la manera de mantener funcionando el proceso.

¿Se mantiene la entrega de pasaportes en Colombia?

La entrega de las libretas también deberá continuar.

El Tribunal ordenó que la prestación del servicio sea permanente y que la medida cautelar no genere interrupciones para los usuarios. Esto incluye las distintas etapas que permiten completar las solicitudes que ya están en curso.

De esta manera, el ciudadano no debería ver alterado su trámite únicamente porque los convenios que sustentan el modelo estén bajo suspensión provisional.

La responsabilidad de garantizar esa continuidad recaerá en las entidades que participan en la operación, que deberán implementar las medidas necesarias para mantener la atención.

¿Por qué la justicia suspendió los convenios de pasaportes?

La decisión se originó en una acción popular promovida contra entidades relacionadas con la puesta en funcionamiento del nuevo modelo.

El proceso plantea posibles afectaciones a intereses colectivos vinculados con la moralidad administrativa, el patrimonio público, la seguridad y el acceso adecuado a los servicios estatales.

A partir de esos cuestionamientos, el Tribunal consideró necesario adoptar una medida temporal mientras obtiene información más completa sobre la forma en que se ha desarrollado el esquema.

Esto no significa que ya exista una sentencia definitiva contra los convenios. La suspensión es cautelar, provisional y reversible, por lo que el análisis de fondo todavía está pendiente.

¿Qué deberá explicar la Cancillería sobre el sistema de pasaportes?

Las autoridades tendrán que presentar un informe detallado sobre cómo avanza la implementación del modelo.

El plazo fijado por el Tribunal es de 20 días hábiles desde la notificación de la decisión. En ese documento deberá quedar claro qué partes del sistema ya fueron ejecutadas, cuáles compromisos se han cumplido y qué actividades todavía faltan.

También tendrán que presentar información sobre la capacidad disponible para continuar prestando el servicio.

La justicia busca así tener una fotografía más precisa de la situación antes de tomar nuevas determinaciones.