En esta noticia
- ¿Por qué el Gobierno mantendrá el aumento del salario mínimo del 23,7% en 2026?
- ¿Qué pasó con el decreto del salario mínimo que suspendió el Consejo de Estado?
- ¿Qué dijo el ministro de Trabajo sobre el reajuste del salario mínimo 2026?
- ¿Qué medidas prepara el Gobierno para las empresas afectadas por el alza del mínimo?
- ¿Qué viene ahora para el salario mínimo tras la controversia jurídica?
El Gobierno Nacional ratificó que el salario mínimo en Colombia para 2026 conservará un aumento del 23,7%, incluso después de que el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional el decreto que fijó ese reajuste.
La definición se produjo tras una sesión urgente de la Comisión de Concertación Laboral, en la que el Ejecutivo dejó claro que expedirá un nuevo decreto transitorio para blindar el ingreso de millones de trabajadores que ya reciben el alza.
La postura fue anunciada por el presidente Gustavo Petro a través de sus ministros, quienes aseguraron que el Ejecutivo no dará marcha atrás en una medida que, según dicen, busca proteger el poder adquisitivo en un momento de alta presión inflacionaria y bajo crecimiento del empleo formal.
¿Por qué el Gobierno mantendrá el aumento del salario mínimo del 23,7% en 2026?
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el reajuste no surgió de una decisión política improvisada, sino de una fórmula técnica que tuvo en cuenta la inflación, el crecimiento del PIB y los lineamientos internacionales de protección al trabajador.
Desde la óptica del Gobierno, retroceder en el incremento significaría afectar derechos ya consolidados, pues cerca de 2,4 millones de personas comenzaron a recibir el salario con el nuevo valor desde que se expidió el decreto inicial. Por eso, el Ejecutivo optó por mantener el 23,7% y cubrir el vacío jurídico con un nuevo acto administrativo mientras se resuelve el fondo del litigio.
¿Qué pasó con el decreto del salario mínimo que suspendió el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento, al considerar que debía revisarse el procedimiento utilizado para establecer el porcentaje final. La decisión no tumbó el salario mínimo como tal, pero sí dejó en el aire la norma que lo formalizaba.
Ante ese escenario, el Gobierno decidió actuar rápido: emitirá un decreto provisional, con el mismo porcentaje de aumento, para evitar que empresas y trabajadores queden en un limbo legal. El fallo judicial, además, le dio al Ejecutivo un plazo de ocho días para ajustar la decisión y volver a expedir la norma.
¿Qué dijo el ministro de Trabajo sobre el reajuste del salario mínimo 2026?
Sanguino sostuvo que la medida judicial genera incertidumbre económica y laboral, en especial para quienes ya ajustaron sus contratos, nóminas y presupuestos al nuevo salario mínimo.
Según el ministro, el aumento del 23,7% cumple con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y busca mantener una senda de progresividad salarial, es decir, que los ingresos de los trabajadores no pierdan capacidad de compra frente al costo de vida.
¿Qué medidas prepara el Gobierno para las empresas afectadas por el alza del mínimo?
Desde el Ministerio de Hacienda, Germán Ávila reconoció que el fuerte incremento del salario mínimo golpea especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran la mayor parte del empleo formal en el país.
Por eso, el Gobierno trabaja en un paquete de alivios financieros, que incluiría mecanismos de crédito, apoyo a la liquidez e incluso inversiones obligatorias del sistema financiero dirigidas al sector productivo más vulnerable. La idea es evitar que el alza del salario se traduzca en despidos o informalidad.
¿Qué viene ahora para el salario mínimo tras la controversia jurídica?
Mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad del procedimiento, el Gobierno seguirá operando con el nuevo decreto provisional que mantendrá el 23,7%. En la práctica, esto significa que el salario mínimo de 2026 no cambiará por ahora, y los pagos continuarán bajo ese esquema.
El Ejecutivo insiste en que su prioridad es proteger el ingreso de los trabajadores y sostener la recuperación del consumo, aun en medio de la disputa legal. La definición final quedará en manos de la justicia.