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La política exterior de Estados Unidos con Colombia sumó un nuevo frente de fricción tras la imposición de sanciones a compañías señaladas de vincular a ciudadanos colombianos con un conflicto armado en África. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, apunta a frenar el reclutamiento de exmilitares para una guerra que ha desatado una grave emergencia humanitaria.
Según la información oficial, las sanciones se aplicaron contra empresas transnacionales y ciudadanos colombianos acusados de facilitar la llegada de combatientes a Sudán, donde operan las Fuerzas de Apoyo Rápido. Washington sostiene que esta estructura privada habría sido clave para reforzar la capacidad militar del grupo paramilitar.
Reclutamiento colombiano en una guerra extranjera
Las autoridades estadounidenses aseguran que cientos de colombianos fueron incorporados como combatientes en territorio sudanés. De acuerdo con el Tesoro, estos hombres aportaron experiencia militar en tareas de infantería, artillería, manejo de drones y entrenamiento operativo, lo que habría influido directamente en el desarrollo del conflicto.
La presencia de estos combatientes fue documentada en varias ciudades estratégicas del país africano. Mientras algunos exmilitares han afirmado haber sido engañados sobre el destino y las condiciones del trabajo, Estados Unidos sostiene que su rol fue determinante en operaciones armadas lideradas por las RSF.
Empresas y personas bajo la lupa de Washington
Entre los sancionados figura una red empresarial con base en Bogotá, señalada de coordinar procesos de reclutamiento internacional y despliegue logístico. El Tesoro identificó a un exmilitar colombiano, con residencia en Emiratos Árabes Unidos, como una pieza central en la captación de personal para el conflicto.
Las investigaciones también apuntan a compañías que habrían canalizado pagos, gestionado nóminas y facilitado transferencias internacionales para sostener la operación. Según Estados Unidos, estas firmas utilizaron estructuras en distintos países para reducir riesgos legales y ocultar su vinculación directa con la guerra.
Impacto legal y repercusiones en Colombia
La inclusión en la lista de la OFAC implica un bloqueo casi total del sistema financiero internacional. Las personas y empresas sancionadas quedan impedidas de realizar transacciones con entidades estadounidenses y enfrentan el cierre de relaciones bancarias en otros países, incluido Colombia.
El caso tiene además efectos políticos y legales en el país. El Senado colombiano aprobó recientemente una ley que prohíbe la actividad mercenaria y criminaliza a las empresas reclutadoras, mientras el gobierno transitorio de Sudán pidió públicamente a los colombianos no sumarse al conflicto. Las sanciones refuerzan el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a estas redes privadas y sus consecuencias internacionales.
