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La Nueva EPS, la entidad prestadora de servicios de salud con mayor número de afiliados en Colombia y participación del Gobierno nacional, atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo su operación. En un comunicado reciente, la compañía alertó que los embargos judiciales cercanos a los 2,1 billones de pesos afectan directamente sus recursos, comprometiendo la continuidad de los servicios de salud para sus 11 millones de usuarios.
Según la EPS, los procesos legales provienen de demandas de alrededor de 95 IPS que reclaman el pago por servicios prestados a los afiliados, mientras que los estados financieros de los años 2023, 2024 y 2025 permanecen sin ser divulgados públicamente, lo que genera mayor incertidumbre sobre la situación real de la entidad.
La falta de liquidez ha llevado a la Nueva EPS a depender únicamente de los giros directos semanales para mantener operaciones, mientras que algunos centros médicos y gestores farmacéuticos han limitado la atención y entrega de medicamentos debido a deudas acumuladas. La entidad advirtió que, de mantenerse los embargos, podría verse seriamente comprometida su operación administrativa y la sostenibilidad de toda la red de prestadores a nivel nacional.
Embargos judiciales afectan la prestación de servicios de salud
La crisis financiera de la Nueva EPS se refleja directamente en la atención a los afiliados, quienes han experimentado retrasos en servicios médicos y entrega de medicamentos. La entidad reconoció que las cuentas bancarias se encuentran bloqueadas y los recursos retenidos, lo que limita el flujo hacia los prestadores de salud y gestores farmacéuticos.
Este escenario ha generado preocupación en hospitales y clínicas, que dependen de la Nueva EPS para sus pagos. Además, los embargos han sido solicitados mayoritariamente por instituciones privadas, lo que representa aproximadamente el 80 % de los prestadores afectados, generando un impacto económico significativo en todo el sector.
Incertidumbre financiera por falta de estados contables
La EPS lleva tres años sin presentar sus estados financieros, situación que ha elevado la incertidumbre sobre su capacidad de cumplir con obligaciones. La intervención del Gobierno nacional busca garantizar la operación de la entidad, pero los recursos limitados han hecho que la empresa dependa únicamente de los giros directos semanales, mientras las deudas con prestadores y farmacias continúan creciendo.
Expertos advierten que esta falta de transparencia puede afectar la confianza de afiliados y prestadores, complicando la sostenibilidad de la red de atención. La Nueva EPS ha señalado que la mayoría de los embargos están vinculados a recursos que considera inembargables, lo que añade un componente legal adicional a la crisis financiera.
Impacto en la red de prestadores y afiliados
La crisis de liquidez de la Nueva EPS no solo afecta a la entidad sino también a unos 5.000 prestadores de servicios de salud a nivel nacional. Muchos de estos centros médicos dependen en gran medida de los pagos de la EPS, y los retrasos pueden generar suspensiones temporales en la atención a los afiliados.
La entidad advirtió que, de continuar los embargos, su operación administrativa se vería comprometida y los efectos se trasladarían a la red de atención médica y farmacéutica. La situación mantiene a los afiliados en alerta, mientras el Gobierno y la Procuraduría analizan medidas para asegurar que los servicios esenciales de salud no se vean interrumpidos.