La normativa de vivienda urbana en Colombia establece un aspecto crucial que muchos inquilinos desconocen: el canon de arrendamiento no puede ajustarse varias veces al año, sino únicamente cada doce meses de ejecución del contrato. Esto deslegitima cualquier intento de incremento trimestral o semestral, ya sea por cláusulas contractuales abusivas o por exigencias informales del propietario. El artículo 20 de la Ley 820 establece que, transcurrido un periodo de doce meses bajo el mismo precio, el arrendador tiene la facultad de implementar un ajuste que no supere la variación del IPC del año anterior. No se contempla autorización legal para incrementos más frecuentes ni para aumentos que excedan dicho límite. Asimismo, la ley impone al propietario la obligación de notificar por escrito el reajuste, especificando el monto y la fecha en que comenzará a ser efectivo. En ausencia de una notificación válida -ya sea por medio de servicio postal autorizado o mediante el mecanismo acordado-, el arrendatario tiene la posibilidad de impugnar el aumento. Para los inquilinos, la regla de ajuste anual proporciona previsibilidad financiera: elimina intentos de aumentos fuera de la ley y permite planear los gastos de vivienda sin cambios repentinos. Sin embargo, el arrendador es responsable de notificar correctamente el ajuste. Si no lo hace, el inquilino puede exigir que se mantenga el canon anterior o iniciar un proceso de reclamación cuando el aumento incumple la ley o no fue comunicado. Para los propietarios, el marco legal define un escenario de seguridad jurídica: saben con claridad cuándo pueden aumentar el canon y cuál es el tope máximo permitido. Esto facilita la planeación de ingresos y evita conflictos por incrementos indebidos. Además, en la negociación de renovación del contrato pueden acordar un aumento menor que el IPC, lo que suele ocurrir cuando la oferta de vivienda es amplia o el arrendador quiere asegurar continuidad. En caso de que el arrendatario se vea afectado por un incremento del canon que supere el IPC o que se presente con una frecuencia superior a la de doce meses, tiene el derecho a: