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El grupo de origen español Keralty acusó al Gobierno de Gustavo Petro por entregar la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas en una situación "calamitosa". La Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto la intervención hecha por el Gobierno, que tiene bajo su control la compañía desde abril de 2024.
El alto tribunal dejó sin efecto la decisión de la Superintendencia de Salud (Supersalud) que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre Sanitas por un año. La EPS tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia
La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.
Keralty acusa al Gobierno de querer debilitar el sistema de salud
"Tenemos el compromiso inquebrantable de tratar de salir adelante, a pesar de la situación calamitosa en la que el Gobierno devolverá Sanitas", afirmó el abogado de Keralty, Juan David Riveros, en una rueda de prensa, que recogió la Agencia EFE, y expresó su optimismo por la decisión de la Corte: "Las instituciones funcionan y dan respuestas a situaciones que son ilegales y afectan a los particulares".
Sin embargo, Riveros manifestó que "queda claro que la estrategia que desplegó el Gobierno Nacional con la intervención de las EPS fue para debilitar el sistema de salud". "La falta de compromiso por parte de diversas autoridades del Estado colombiano han llevado a deteriorar el estado de asfixia financiera de las EPS, que es donde gravita el gran problema del sistema de salud", afirmó.
Por qué el Gobierno de Colombia intervino la EPS Sanitas
El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año a "instancias internacionales" para solucionar la disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios. Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos USD 471 millones.
El Gobierno colombiano ha intervenido varias EPS a raíz de los problemas financieros de estas y de que no cumplan con sus compromisos de atención a los usuarios. Hasta el momento, la situación sigue siendo compleja y las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.
