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El hallazgo del galeón San José volvió a ocupar el centro de la escena internacional y puso a Colombia en medio de un debate histórico, económico y jurídico. Aunque el gobierno ha mantenido cautela sobre los próximos pasos, recientes movimientos oficiales indican que el proyecto avanza de manera decisiva.
La embarcación, hundida hace más de tres siglos, permanece en un punto del mar Caribe que solo un reducido grupo de especialistas conoce con precisión. Su contenido exacto sigue siendo un misterio, aunque los organismos encargados del proceso aseguran que el valor del hallazgo trasciende lo monetario.
Mientras tanto, distintos actores nacionales y extranjeros observan de cerca cada anuncio oficial, ya que el rescate del galeón podría transformar tanto la investigación científica como las relaciones diplomáticas de Colombia. Lo que suceda en los próximos meses podría definir el futuro de uno de los tesoros más enigmáticos del continente.
¿Por qué la extracción del galeón San José generó tanta polémica en Colombia?
La reciente recuperación de piezas del galeón San José, anunciada por el presidente Gustavo Petro el 25 de noviembre, reactivó un debate que llevaba años latente. El operativo incluyó la extracción de un cañón de bronce, cuerdas, porcelanas, monedas y otros objetos arqueológicos ubicados a 612 metros de profundidad. Según el Gobierno, estas piezas permitirán avanzar en investigaciones sobre el estado de conservación de la nave hundida en 1708.
Las entidades a cargo, el Icanh, la Armada Nacional, Dimar y el Ministerio de Cultura, aseguran que los objetos fueron recuperados bajo estrictos protocolos. La inversión para esta fase asciende a 9000 millones de pesos, aportados por las cuatro instituciones involucradas. Sin embargo, la operación fue duramente criticada por académicos y exfuncionarios, que cuestionan la transparencia y la rigurosidad técnica del proceso.
Figuras como el expresidente Juan Manuel Santos lamentaron que no se siguiera la hoja de ruta diseñada en su gobierno. Otros especialistas, agrupados en la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, advierten que el proyecto marginó a la academia, carece de innovación y expone los objetos a riesgos de conservación.
¿Qué dicen los expertos sobre la extracción y por qué acusan improvisación?
Las críticas han sido especialmente fuertes desde el ámbito académico. Mario Omar Fernández, profesor de la Universidad de los Andes, afirmó que el Gobierno no ha aclarado la pregunta científica que justificó la extracción ni ha revelado el equipo de expertos responsable. Según él, la extracción se convirtió en un “show mediático” donde incluso visitantes manipularon objetos sin el entorno adecuado para su conservación.
Juan Guillermo Martín, especialista en arqueología marítima, sostuvo que las piezas seleccionadas no aportan información nueva, pues ya se conocían sus características y procedencias. A su juicio, la operación no responde a una metodología novedosa ni a un objetivo científico claro.
En contraste, José Socarrás, decano de patrimonio cultural del Externado, defendió el proyecto. Aseguró que la extracción se realizó con rigor, que las piezas se conservan en condiciones adecuadas y que estudiar su comportamiento fuera del agua será clave para decisiones futuras. También destacó la presencia de profesionales con experiencia internacional.
La directora del Icanh, Alhena Caicedo, respondió a las críticas afirmando que el proyecto cumple con altos estándares científicos y ha sido validado en escenarios académicos internacionales. Según ella, las voces opositoras no han revisado la producción científica del equipo ni participado en los debates del sector.
¿Qué riesgos enfrenta Colombia en los litigios internacionales por el galeón San José?
El debate no es solo técnico: también tiene implicaciones legales de enorme magnitud. Colombia enfrenta un litigio en la Corte Permanente de Arbitraje con la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA), que reclama cerca de 40 billones de pesos por el supuesto hallazgo de las coordenadas del galeón en 1982. En 2023, la compañía obtuvo medidas cautelares que ordenaban preservar la evidencia del naufragio sin intervención hasta acordar un protocolo conjunto.
La extracción realizada por el Gobierno un año después genera dudas sobre el cumplimiento de esas medidas. Juristas advierten que el cambio de postura podría implicar riesgos procesales y obligar a Colombia a justificar si la operación vulneró las órdenes del tribunal.
El país también enfrenta otro arbitraje con Maritime Archaeology Consultants (MAC), empresa vinculada al hallazgo durante el gobierno Santos, que cuestiona la declaratoria del galeón como Bien de Interés Cultural, una decisión que impide su monetización.