Una decisión judicial volvió a poner bajo la lupa el futuro del sistema de salud en Colombia. Un decreto impulsado por el Gobierno para reorganizar el funcionamiento de las EPS quedó frenado de manera provisional, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre cobertura, libre escogencia y atención médica. La medida había generado inquietud entre usuarios, expertos y dirigentes políticos por su posible impacto sobre millones de afiliados. Aunque el objetivo oficial apuntaba a reorganizar el aseguramiento, varios sectores advirtieron efectos colaterales sobre el acceso a servicios de salud. Detrás de esta discusión aparece un tema sensible: qué tan lejos puede llegar el Estado en la reorganización territorial de las EPS sin afectar derechos ya protegidos por la Constitución y la ley. El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno buscaba redefinir la operación territorial de las EPS en Colombia. El decreto establecía nuevas reglas para que las aseguradoras operaran por regiones y subregiones, limitando en algunos casos su presencia geográfica según criterios técnicos y de capacidad operativa. La controversia surgió luego de que la excongresista Katherine Miranda solicitara una medida cautelar al considerar que la norma podía afectar la libre escogencia de EPS y derivar en traslados no deseados de afiliados. Tras revisar la demanda, el alto tribunal concluyó de forma preliminar que el modelo normativo podía generar una afectación relevante sobre derechos asociados al acceso, continuidad y calidad del servicio de salud. Imagen: archivo. Uno de los aspectos más debatidos del decreto era la posibilidad de reasignar afiliados cuando una EPS no cumpliera condiciones operativas o financieras dentro de un territorio específico. Esto abrió cuestionamientos sobre eventuales movimientos de usuarios hacia la Nueva EPS, entidad actualmente bajo intervención estatal y con fuerte presencia dentro del sistema de salud. Desde el Ministerio de Salud se sostuvo que el decreto no contemplaba traslados masivos arbitrarios, sino mecanismos técnicos de asignación para garantizar continuidad en la prestación del servicio. Mientras se define el análisis de fondo, la suspensión provisional mantiene congelada la implementación del decreto y deja en pausa la reorganización territorial de las EPS, uno de los cambios más discutidos dentro del sistema de salud colombiano.