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La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con la conformación y operación de grupos paramilitares en Antioquia durante la década de 1990. La decisión se conoció el 18 de junio de 2026 y contempla la citación a indagatoria del exjefe de Estado.

La actuación judicial está relacionada con varios hechos de violencia ocurridos cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre ellos las masacres de La Granja y El Aro, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. También se investiga la presunta creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según la resolución emitida por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos analizados podrían configurar delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. El caso hace parte de una investigación catalogada dentro de los crímenes de lesa humanidad, por lo que no estaría sujeta a prescripción.

¿Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria a Álvaro Uribe?

La decisión de la Fiscalía busca que el exmandatario entregue su versión sobre diversos hechos ocurridos en Antioquia durante los años noventa. Entre ellos figuran las masacres de La Granja y El Aro, consideradas algunos de los episodios más graves del conflicto armado en esa región, además del asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La investigación también examina la presunta relación entre la Hacienda Las Guacharacas y el surgimiento del Bloque Metro de las AUC. De acuerdo con el expediente, las autoridades consideran necesario profundizar en las pruebas recopiladas para determinar si existieron vínculos entre actores estatales y estructuras armadas ilegales que operaban en el departamento.

La Fiscalía General de la Nación reabrió una línea de investigación relacionada con hechos ocurridos durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia y anunció que el exmandatario deberá rendir indagatoria por presuntos delitos vinculados a la actuación de estructuras paramilitares en el departamento. (foto: Freepik).

Fiscalía reabre una investigación que había sido archivada años atrás

El origen de este proceso se remonta al año 2000, cuando se abrió una investigación preliminar por hechos ocurridos durante la administración departamental de Uribe en Antioquia. Sin embargo, meses después, la Fiscalía decidió no avanzar hacia una instrucción formal y el caso quedó cerrado.

Esa situación cambió años más tarde tras la aparición de nuevos testimonios y elementos probatorios. En 2013, una fiscalía delegada revocó la decisión inicial y ordenó continuar con las pesquisas. Entre los elementos considerados se encuentran declaraciones de exintegrantes de grupos paramilitares que mencionaron a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe en relación con actividades desarrolladas en la Hacienda Las Guacharacas.

Qué hechos investiga la Fiscalía sobre las masacres de La Granja y El Aro

Uno de los ejes principales de la investigación corresponde a las masacres perpetradas en el municipio de Ituango. La Fiscalía analiza si las autoridades departamentales de la época tuvieron conocimiento previo del riesgo que enfrentaban los habitantes de estas zonas y si adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población civil.

La masacre de La Granja ocurrió en junio de 1996 y dejó cinco víctimas mortales. Por su parte, la de El Aro se registró en octubre de 1997 y provocó la muerte de 16 personas, además de secuestros, desplazamientos forzados, robo de ganado e incendios de viviendas. El ente investigador busca establecer posibles responsabilidades por acción u omisión frente a estos hechos.

El asesinato de Jesús María Valle también forma parte del proceso

La resolución de la Fiscalía incorporó igualmente el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, dirigente político y reconocido defensor de derechos humanos que denunció públicamente presuntos nexos entre grupos paramilitares, miembros de la fuerza pública y autoridades regionales.

Valle fue asesinado en Medellín en febrero de 1998. La investigación analiza si existieron circunstancias que permitan establecer responsabilidades indirectas en el crimen, a partir de las denuncias realizadas por la víctima antes de su muerte. Este expediente fue fortalecido con copias remitidas por diferentes despachos judiciales durante los últimos años.

Qué nuevas pruebas ordenó recaudar la Fiscalía en el caso

Como parte de la nueva etapa procesal, la Fiscalía dispuso la práctica de pruebas adicionales para esclarecer los hechos. Entre ellas figura la recepción de declaraciones de antiguos integrantes de las autodefensas y de personas que, según versiones recogidas en el expediente, habrían tenido conocimiento de contactos entre dirigentes políticos y estructuras armadas ilegales.

Asimismo, se ordenó incorporar testimonios y versiones libres rendidas en años anteriores por exparamilitares, además de cualquier otro elemento que surja durante el desarrollo de la investigación. Con estas actuaciones, el ente acusador busca determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar en el proceso judicial contra el expresidente.