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La ley de alquileres establece las condiciones para que un propietario solicite la liberación de su vivienda al inquilino. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que esta normativa no alcanza y debe accionar la Justicia. ¿De qué se trata?
Desde hace años existe una ley que fija claras condiciones para el arrendamiento en vivienda urbana. Sin embargo, algunos contratos actuales incluyen cláusulas que permiten al propietario iniciar un desalojo judicial sin previo aviso si se cumplen ciertos requisitos. Eso ha alterado el ecosistema contractual, provocando desconfianza y preocupación entre los arrendatarios.
El marco legal sigue en pie, pero ahora el propietario puede avanzar más rápido una vez identificado un incumplimiento, como mora o subarriendo no autorizado. No obstante, la protección legal para ambas partes continúa siendo esencial en este proceso.
Ley de alquileres: el propietario puede echar al inquilino sin previo aviso
En Colombia, la ley de alquileres que regula el arrendamiento urbano (Ley 820 de 2003) establece derechos y obligaciones para propietario e inquilino. El artículo 22 permite al propietario terminar el contrato de forma unilateral por motivos como impago, subarriendo o molestia a vecinos, pero debe avisar con al menos tres meses de anticipación y, en algunos casos, pagar una indemnización equivalente a tres meses de arriendo.
En paralelo, ciertos contratos y escenarios contemplan una solución más rápida: si el arrendatario incurre en infracciones estipuladas, el propietario puede acudir directamente al proceso judicial de restitución del inmueble. Aunque el desalojo debe seguir cauces judiciales, este reajuste acelera el procedimiento y refuerza el derecho del propietario a recuperar su bien en menos tiempo.
La vigencia de la ley de alquileres: cómo actúa en estos casos
La ley de alquileres, en este marco, establece un procedimiento justo que se aplica antes de que el propietario decida ir a la Justicia: el dueño de la vivienda no puede obligar a desalojar sin orden judicial, sin preaviso, ni sin indemnización cuando corresponda.
Este marco legal es vital para equilibrar los derechos de ambos: protege al inquilino de desalojos arbitrarios y, al mismo tiempo, garantiza al propietario una vía legal clara para resolver incumplimientos. Respetar estos pasos es esencial para evitar conflictos, abusos y preservar la seguridad jurídica en el mercado de vivienda urbana.
