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El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 entra este lunes en una instancia decisiva. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes deberán avanzar en la definición del monto que tendrá el proyecto, en medio de cuestionamientos por las necesidades de financiación y el nivel de endeudamiento del país.
La propuesta presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella asciende a $634,9 billones, unos $59,2 billones más que los $575,7 billones contemplados previamente por la administración de Gustavo Petro. El incremento responde, entre otros factores, a mayores compromisos en pensiones, salud, nómina estatal y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Las comisiones económicas fueron convocadas para este 14 de septiembre a las 2:00 p. m., en una discusión clave debido a que el monto del presupuesto debe quedar definido antes del 15 de septiembre.
Presupuesto 2027: ¿por qué podría recortarse en más de $40 billones?
Uno de los principales puntos de debate pasa por cómo se financiará el gasto previsto para el próximo año. El congresista Óscar Darío Pérez advirtió que una elevada dependencia de los ingresos de capital obligaría al país a recurrir en mayor medida a recursos provenientes de deuda o de la venta de activos.
En ese escenario aparece la denominada Ley de Rescate Económico, una iniciativa que, según explicó el legislador, apuntaría a reducir el gasto público en lugar de aumentar los impuestos.
De concretarse ese ajuste, la reducción podría superar los $40 billones. Pérez estimó que, si la iniciativa prospera, el Presupuesto General de la Nación podría terminar ubicándose alrededor de los $590 billones, por debajo de los $634,9 billones inicialmente planteados.
El CARF advierte por el crecimiento de la deuda
La discusión presupuestaria ocurre además en un escenario de alerta por las cuentas públicas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) considera que Colombia necesita avanzar hacia un ajuste fiscal estructural y permanente, con especial atención al crecimiento del gasto y a las fuentes utilizadas para financiar nuevas obligaciones.
Según el organismo, postergar las decisiones podría hacer que el ajuste futuro sea todavía mayor. Con una deuda neta que podría alcanzar el 67,3% del PIB, estabilizarla hacia 2028 requeriría alcanzar un superávit primario superior al 2% del PIB. Ese año también finalizará la cláusula de escape y el país deberá retomar plenamente el cumplimiento de la regla fiscal.
Venta de activos y costo de los TES, entre las alternativas
La búsqueda de recursos también abrió la discusión sobre una eventual venta de activos estatales. Entre las posibilidades mencionadas aparece una reducción de la participación estatal en Ecopetrol, aunque sin perder el control de la petrolera.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló recientemente que las condiciones actuales no serían las más convenientes para vender una porción accionaria de la compañía. También podrían evaluarse otros activos públicos, entre ellos electrificadoras regionales y empresas industriales y comerciales del Estado.
A esto se suma el debate por el costo de financiación mediante títulos TES. Pérez planteó incluso la posibilidad de analizar un gravamen extraordinario y por única vez sobre determinadas ganancias obtenidas por inversionistas que compraron títulos a tasas particularmente elevadas. Por ahora, se trata de una alternativa que debería superar evaluaciones jurídicas, fiscales y de mercado antes de cualquier eventual implementación.
