

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecen detenidas en guarniciones militares y estaciones de Policía, con el objetivo de determinar si cumplen los requisitos legales para continuar recluidas en esas instalaciones. Quienes no cuenten con un fundamento legal para permanecer allí deberán ser trasladados.
La instrucción fue anunciada durante una alocución presidencial en la que el mandatario dedicó uno de sus apartados a lo que definió como el fin de los privilegios para las personas condenadas por hechos de corrupción. De la Espriella cuestionó que quienes ocuparon cargos públicos o tuvieron vínculos de poder puedan acceder a condiciones especiales durante el cumplimiento de sus penas.
Por el momento, el Gobierno no informó cuántas personas podrían ser alcanzadas por la medida ni identificó casos concretos. Tampoco se estableció un cronograma para eventuales traslados, por lo que la decisión dependerá de la revisión individual de las condiciones bajo las cuales cada detenido permanece en instalaciones de la Fuerza Pública.
¿Qué ordenó De la Espriella sobre los detenidos en guarniciones militares y estaciones de Policía?
Durante su intervención, el presidente indicó que ordenó verificar la situación de quienes permanecen privados de la libertad en instalaciones militares o policiales y proceder con los traslados cuando no exista un respaldo legal para que continúen allí. “He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó.

La medida, por lo tanto, no establece un traslado automático de todas las personas recluidas en esos lugares. Primero deberá determinarse si cada una cumple las condiciones previstas por la normativa para permanecer en una instalación de la Fuerza Pública. En los casos en que no sea así, el Gobierno buscará que sean trasladadas a los establecimientos penitenciarios que correspondan.
¿Qué dijo el presidente sobre los privilegios para condenados por corrupción?
De la Espriella centró su discurso en cuestionar las condiciones especiales que, según sostuvo, pueden recibir algunas personas condenadas por delitos contra la administración pública. “Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior”, afirmó, al rechazar que quienes hayan ocupado posiciones de poder puedan obtener un tratamiento diferente durante el cumplimiento de sus condenas.
El mandatario también sostuvo que la lucha contra la corrupción no debe limitarse a las investigaciones y las condenas, sino que debe incluir la recuperación de los recursos públicos y el fin de los privilegios vinculados con el poder. “Acabar con la cultura de la corrupción exige investigaciones, condenas y recuperación del dinero robado, pero también exige terminar con la percepción de que en Colombia la cárcel depende del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan”, manifestó.









