La guerra comercial entre Colombia y Ecuador escaló este viernes hasta un nuevo nivel. La ministra de Comercio colombiana, Diana Marcela Morales, anunció que el país subirá sus aranceles a las importaciones ecuatorianas del 30% al 100%, en respuesta directa a la medida adoptada por el gobierno de Daniel Noboa, que días antes había elevado los gravámenes a los productos colombianos al mismo porcentaje, con entrada en vigor el 1 de mayo. Según información compartida por la Agencia EFE, el gobierno colombiano aseguró haber agotado todos los canales diplomáticos antes de tomar la decisión, pero ante la falta de respuesta positiva de Quito optó por nivelar la tarifa para restablecer, según Bogotá, las condiciones equitativas en el intercambio comercial entre ambos países. La tensión entre los dos países viene escalando desde enero, cuando Ecuador impuso aranceles a Colombia como mecanismo de presión para que Bogotá reforzara la seguridad en la frontera compartida. A ese antecedente se sumaron episodios diplomáticos adicionales, incluyendo comentarios del presidente Gustavo Petro sobre un presunto ataque ecuatoriano en territorio colombiano, que Quito rechazó categóricamente. El último detonante fue la calificación de Petro del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como “preso político”, declaración que Noboa interpretó como un atentado contra la soberanía de su país. La respuesta fue el anuncio de la suba arancelaria al 100%, al que Colombia respondió con una medida idéntica y la posibilidad, deslizada por Petro, de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Según retomó Infobae Colombia, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, lanzó un llamado urgente a ambos presidentes para que retomen el diálogo directo a la mayor brevedad posible. Gutiérrez advirtió que estas medidas tienen efectos directos sobre el bienestar de los ciudadanos, el tejido empresarial y las economías familiares de ambos países, además de poner en riesgo 57 años de integración subregional. En paralelo, Colombia ya presentó una demanda contra Ecuador ante la CAN, argumentando que los aranceles impuestos por Quito violan el Acuerdo de Cartagena de 1969, que es el tratado fundacional del bloque andino y prohíbe este tipo de barreras comerciales entre los países miembros. Desde el sector privado, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) hizo un llamado urgente a ambos gobiernos para desescalar las medidas antes de que el daño sea irreversible. La organización recordó que Colombia y Ecuador han construido una de las relaciones de integración comercial más relevantes de la región, sostenida por cadenas logísticas compartidas y un intercambio permanente que genera empleo e inversiones a ambos lados de la frontera. La Fedexpor fue clara en su mensaje: las diferencias políticas no pueden comprometer los objetivos legítimos de seguridad fronteriza ni poner en riesgo casi seis décadas de integración económica consolidada. El llamado es a tomar el marco comunitario andino como punto de partida para resolver las diferencias, en lugar de profundizarlas con medidas que afectan directamente a ciudadanos y empresas de ambos países.