La tensión volvió a escalar en el Mar de China Meridional a comienzos de febrero de 2026, cuando China activó patrullajes conjuntos por mar y aire en una franja clave para el comercio global. La decisión no pasó desapercibida: se trata de un corredor por donde circula una porción determinante del intercambio marítimo internacional. El movimiento marca un nuevo capítulo en la disputa por el control de aguas que concentran recursos naturales y proyección estratégica. Desde Pekín, el Comando del Teatro del Sur justificó las operaciones como necesarias para “salvaguardar la soberanía territorial y los derechos marítimos”, en lo que describió como respuesta a maniobras aéreas realizadas por Filipinas junto a países externos a la región. Más allá del argumento oficial, el trasfondo expone una pugna por influencia, acceso a hidrocarburos y control de rutas comerciales. La zona es considerada un punto neurálgico dentro del tablero geopolítico asiático y su militarización tiene implicaciones directas en el poder mundial. El área en disputa es estratégica por su ubicación y concentra potenciales reservas de petróleo y gas, además de importantes bancos de pesca. China sostiene su reclamación sobre casi la totalidad de estas aguas con base en la llamada “Línea de Nueve Trazo”, una interpretación histórica que otros países del sudeste asiático cuestionan bajo el derecho internacional. Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi e Indonesia mantienen posiciones encontradas frente a la expansión china. La presencia militar refuerza la postura de Pekín de considerar estas operaciones como rutinarias y defensivas, aunque analistas advierten que la escalada armada ha sido constante en los últimos años. El despliegue ocurre en paralelo a un fortalecimiento de alianzas en la región. Estados Unidos y Japón han intensificado ejercicios conjuntos con países del sudeste asiático en las mismas rutas marítimas, lo que añade un componente global a la disputa. China sostiene que las acciones externas buscan “amenazar la paz y estabilidad” regional. En contraposición, las autoridades filipinas evitaron una respuesta inmediata desde su embajada en Pekín.