En esta noticia
Gustavo Giay transita su primer año como chairman de Marval. El estudio jurídico más grande de la Argentina -325 abogados y, por primera vez en sus 100 años, más de 70 socios- sigue transitando cambios. Diego Krischcautzky está designado como próximo socio administrador. Reemplazará a Javier Patrón, quien se retirará por edad a fin de año.
Giay es líder de los grupos de Propiedad Intelectual y Tecnología de la Información, Privacidad e Inteligencia Artificial. Krischcautzky, de M&A. “Es el perfil de lo que, creemos, es la Argentina que se viene”, asegura el chairman.
Si la economía local registra dos velocidades, los abogados de la City corren a una sola. Tracciona, como no se venía en años, toda la actividad relacionada con los “sectores estratégicos”: energía, minería, agro y economía del conocimiento. Tanto por los RIGI, como por la estructuración, financiamiento y contractualización de los proyectos. Hay, además, operaciones de M&A. El flujo de trabajo es tal que -haciendo la analogía entre la expresión popular y uno de los apodos de Javier Milei-, los estudios corporativos están “hasta la peluca”.
Por su dimensión, Marval es fiel termómetro de la temperatura del mercado. Representa a XRG, filial de la emiratí Adnoc, en Argentina LNG, megainversión de US$ 51.000 millones que empuja YPF. En minería, muestra clientes como Glencore (para el proyecto MARA) y Newmont (Cerro Negro y Tornado-Huracán). Participó en la emisión internacional de Mercado Libre, de US$ 750 millones en diciembre; la de Banco Nación (US$ 640 millones); y un préstamo senior a Gloria Foods, por US$ 400 millones.
Para Adecoagro y ACA, hizo la compra de Profertil (US$ 1200 millones). Estuvo con Danone en su joint venture con Arcor. Con YPF, en la adquisición del 50 por ciento de Refinor. Del otro lado de la mesa, hizo las ventas de Raízen a Mercuria (US$ 1420 millones), Diagnóstico Maipú a Swiss Medical (su cliente, DASA) y de Grupo CMA a Latin Securities. Para InterCement, la reestructuración que derivó en el ingreso de Marcelo Mindlin como accionista del grupo brasileño y, en consecuencia, Loma Negra (Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán estuvo por el dueño de Pampa Energía).
“Al ser electoral, 2027 puede tener algo de incertidumbre. Pero, en los estratégicos, no va a haber mucho espacio para retroceder. El rumbo es claro”, observa Krischcautzky. “Esperamos un 2027 mucho mejor que 2026”, anticipa Giay.
“Cuando todo esto se ponga a correr en serio, vamos a tener que ponernos una cama acá porque va a ser desbordante. Y de un día para el otro”, dimensiona Agustín Siboldi, del estudio O’Farrell. A fines de año, sumó a su estructura el estudio Allonca Asociados, firma boutique de capital emprendedor. Esa integración le dio a la centenaria firma dio proyección a Brasil.
“Energía, minería, privatizaciones… Todo pasa por ahí”, sintetiza Ezequiel Cassagne, de Cassagne Abogados, palabras mayores en Derecho Administrativo.
Desde la parte regulatoria, el estudio está involucrado en los grandes proyectos mineros -también, en el tendido de sus redes eléctricas, un tema de altísima tensión- y en los de YPF, desde Argentina LNG a la venta de MetroGas. Del lado de uno de los oferentes, AySA también es fuente de trabajo. Casos similares son la privatización de Tecnópolis, los corredores viales y la infraestructura portuaria. “El primer año de Milei no fue gran cosa. Los dos últimos, sí”, compara. Un 70 por ciento del trabajo está relacionado con inversiones y las desregulaciones. El 30, con las víctimas de la motosierra: empresas afectadas por frenos de obra pública, que negocian rescisiones contractuales o se deciden a avanzar en reclamos.
Bruchou & Funes de Rioja es el segundo estudio por tamaño, con 184 abogados. Trabajó en 16 proyectos RIGI. Por ENI, está en Argentina LNG y con algunos sponsors y el financiamiento en SESA. También, en el proyecto de líquidos de Vaca Muerta de tgs, de US$ 3000 millones, por dos productores: YPF y Pluspetrol. Por la transportadora, que es la que hace la inversión, está Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán.
El área que encabeza Javier Rodríguez Galli en B&F hizo, para Vista, la compra de bloques en Vaca Muerta de Equinor: US$ 800 millones netos, tras la venta posterior de algunos activos a YPF. También trabajó en el financiamiento (US$ 600 millones). Además, asesoró a la empresa de Miguel Galuccio en TanGo Energy, resultado de la reestructuración de la ex Petrolera Aconcagua. Ahora, sigue con TanGo y con el RIGI de US$ 5800 millones de Vista para Bandurria Norte. Ya sacó el de US$ 12.400 millones de Pluspetrol.
Para YPF, la firma también trabajó en el diseño, constitución e implementación del joint venture con Essential Energy para producir biocombustibles para aviación en San Lorenzo. En electricidad, entró en las cuatro centrales hídricas licitadas. Sus clientes: Central Puerto, MSU y el grupo Neuss (en su financiamiento). BML Energía -sociedad creada con las iniciales del estudio- canalizó la adjudicación de El Chocón para MSU (US$ 235,7 millones) y, luego, un préstamo sindicado de US$ 155 millones. Mismo método aplicó en Piedra del Águila: CEPU ofertó US$ 245 millones; recibió US$ 300 millones de la IFC.
Participó por YPF y en el proceso competitivo que condujo el Citi para la venta de su 70 por ciento en MetroGas a Edenor, en US$ 780 millones. A futuro, se prepara para próximos deals de Continental, cliente que extrajo en la Argentina Week de Nueva York, vía el mismísimo Harold Hamm.
El equipo minero que encabezan Sebastián Vedoya y Sergio Arbeleche asesora a la ampliación de Barrick en Veladero, ahora bajo RIGI; a First Quantum Minerals en Taca Taca; y a Vicuña, el joint venture de BHP y Lundin que quiere hacer en San Juan -en los yacimientos Josemaria y Filo del Sol- una inversión de hasta US$ 18.000 millones.
Fuera de recursos naturales, el milestone fue la compra de Prisma y Newpay por parte de Visa, operación que lideró Estanislao Olmos. “Nivel Iron Man”, se la define en el estudio, por su altísima complejidad, potenciada por un cliente “muy exigente” (sic). Punta a punta, requirió la intervención de todo el estudio. Se hizo en cinco meses; un solo día no se trabajó: Thanksgiving.
Hugo Bruzone fue el bulldog del Macro en el joint venture con Telecom para participar en el control y gestión de Personal Pay (US$ 75 millones) y en la compra del 50 por ciento del Banco Sáenz. El estudio asesoró a Revolut en su aterrizaje en la Argentina, con la compra del Banco Cetelem, y a los accionistas de Decréditos, en la venta de su 51 por ciento de GPAT Compañía Financiera.
Otro deal del estudio fue la conformación del joint venture La Serenísima Unida, entre Arcor y Danone. Su cliente fue el grupo cordobés.
Una de sus prácticas más fuertes, y reconocidas en el mercado, es Banking y Mercado de Capitales. En los últimos 12 meses, asesoró en más de 80 transacciones, por un total combinado de US$ 30.200 millones. Entre ellas, YPF (US$ 2600 millones entre un préstamo internacional y ocho emisiones de ON), Pluspetrol (bonos internacionales por US$ 500 millones, US$ 167 millones y US$ 450 millones), Tecpetrol (US$ 750 millones, y una emisión adicional de US$ 100 millones, por los bancos colocadores) y Pampa Energía (US$ 450 millones, por colocadores y compradores iniciales; su ampliación por US$ 200 millones y otra reapertura, por US$ 500 millones; Salaverri estuvo por la empresa de Mindlin). También Banco Nación (US$ 370 millones y US$ 270 millones), tgs (US$ 500 millones) y Edenor (US$ 750 millones, entre todas las transacciones). “Después de las elecciones, fue un boom”, apunta Bruzone.
También hubo actividad en soberanos. B&F asesoró a los bancos internacionales en dos financiamientos a la República Argentina, por US$ 3200 millones, con garantía de multilaterales. También, intervino en los REPO del Banco Central, que sumaron US$ 9000 millones. En colocaciones provinciales, se anotó con Santa Fe (US$ 800 millones), Entre Ríos (US$ 300 millones), Chubut (US$ 650 millones), Neuquén (US$ 500 millones) y CABA (US$ 600 millones), entre las principales. En todas, por los colocadores. También tuvo fuerte actividad de financiamiento de bilaterales a empresas argentinas.
“Minería y Oil & Gas son grandes consumidores de servicios integrales. Los targets son muy grandes y las operaciones, complejas por sus regulaciones y porque implican a muchas partes”, define Maximiliano D’Auro, socio administrador de Beccar Varela. También nota la reaparición de los multilaterales en el mercado local y, además, movimiento en fintech.
El estudio tiene 160 abogados (45 socios). Repatrió a Florencia Heredia como socia de minería; también incorporó a Agostina Martínez para esa práctica. Sus deals más relevantes del último año fueron el asesoramiento a Jan de Nul en la privatización de la Hidrovía; a Newsan en la compra de Glaciar Pesquera y de Cdmex; a Bridgenext en la de CloudX; a Salesforce en la de Momentum, una operación realizada en Colombia, Brasil y Chile; y a Equinor, en su salida de Vaca Muerta.
En financiamiento, asesoró a los prestamistas del sindicado de US$ 900 millones para San Matías Pipeline; a Gerdau, en un crédito de US$ 1100 millones; a IDB Invest y CAF, en los US$ 100 millones dados a River Plate y al primero de esos dos multiaterales, también en los US$ 100 millones que le otorgó a Plaza Logística. Por los bancos -Macro, Santander, BBVA, Supervielle, Galicia, HSBC y Bind-, está en los concursos de Los Grobo y Agrofina, y por Rabobank, en el de Celulosa. Por otros acreedores, en los de Granja Tres Arroyos, Cartellone, SanCor, Proteinsa y Alimentos Refrigerados (ARSA).
“Hay dos motores que se encendieron en la economía que serán muy difíciles de apagar”, asegura D’Auro.
Testimonio de eso puede dar Martínez de Hoz & Rueda (MHR Abogados). Interviene en los tres grandes proyectos de gas natural licuado (GNL): Argentina LNG, SESA -más sus gasoductos dedicados- y Janus, la iniciativa de Compañía General de Combustibles (CGC).
En el de YPF, Eni y Adnoc, el estudio es common project councel en su desarrollo y financiamiento. Eso significa la estructuración del proyecto, su encuadramiento en el RIGI, todos los aspectos regulatorios -incluyendo las autorizaciones de exportación por 30 años de GNL y para las exportaciones de los líquidos del gas natural (NGL) asociados-, los contratos del proyecto y su financiación (entre US$ 14.000 millones y US$ 16.000 millones).
En SESA -liderado por PAE-, participa en el diseño y negociación del gas transportation agreement del gasoducto dedicado (San Matías Pipeline) y en la obtención del permiso de exportación de LNG de largo plazo otorgado por la Secretaría de Energía. Además, por Harbour Energy -uno de los socios de SESA-, está en el project finance de US$ 900 millones que el emprendimiento cerró a fines de agosto.
“Venimos de VMOS”, reseña José Martínez de Hoz, abogado referente -también a nivel internacional- de la práctica de Energía, para dimensionar el empuje -y la velocidad- del Oil & Gas. La extensión del RIGI al upstream, en febrero, detonó actividad. Asesoró a Chevron en la estructuración y presentación de la solicitud de adhesión al régimen de El Trapial, un proyecto de US$ 13.800 millones. También, a un consorcio de productores que desembolsará US$ 600 millones en un proyecto de gas no convencional en Neuquén.
A los RIGI energéticos, este año, MHR también sumó los mineros: en febrero, incorporó al equipo de abogados especializados en esa industria que lideran Ignacio Celorrio y Federico Palavecino. En términos de proyectos, significó añadir Salar de Rincón (Rio Tinto, una inversión de US$ 2700 millones), Los Azules (McEwen Copper; US$ 2672 millones), la expansión de Cachauri-Olaroz (Ganfeng y Lithium Argentina; US$ 1241 millones) y Pozuelos Pastos Grandes (Lithea; US$ 4245 millones).
Además de los RIGI, el trabajo en minería continúa con el asesoramiento a Posco en la aplicación del Régimen de Fomento a la Inversión para las Exportaciones del Decreto 234/2021 -y su aprovechamiento, junto a los del RIGI-; un paquete de financiamiento por US$ 220 millones para el avance de la fase 2 de Cachauri-Olaroz para Lithium Argentina; y, para esta última y Ganfeng, la consolidación de su joint venture para Pozuelos-Pastos Grandes, en Salta.
Además, asesoró a Lion Critical Elements en la compra del 75 por ciento de Pampa Litio y a Deseado Resources, en la de Yacimientos Patagónicos. Para Rincon Mining -subsidiaria de Rio Tinto-, hizo un préstamo de US$ 1200 millones, dado por bilaterales y agencias de crédito: IFC, IDB Invest, JBIC (de Japón) y EFA (Australia).
La de Celorrio y equipo no fue la única expansión de la firma. Reclutó, además, a los socios Ignacio Meggiolaro y Victoria Bengoechea -dos ex Bruchou-, junto con todos sus asociados del absorbido MBP Partners, estudio que se focalizaba en asesoramiento legal corporativo, financiero, regulatorio y estratégico para distintas industrias. “Nos faltaba manpower para fusiones grandes. Dimos respuesta a eso”, explica Martínez de Hoz. Hoy, son 70 profesionales, el doble que un año atrás.
En M&A, MHR asesoró a Pecom Servicios Energía y su afiliada, San Benito, en la compra a YPF del campo maduro Manantiales Behr (US$ 410 millones); a Pluspetrol, en un swap de activos con YPF por US$ 232 millones; y, de nuevo, a las energéticas del grupo Perez Companc, en la adquisición del 100 por ciento de las participaciones de YPF y Pluspetrol en el bloque El Corcobo (US$ 471 millones). Estuvo por Cross Capital -el family office de Federico Tomasevich- en la venta de Patagonia Energy a Central Puerto (US$ 50 millones).
MHR vio, por los bancos, el préstamo sindicado por US$ 156 millones con el que BML Energía -afiliada de MSU Energy- financió la compra de El Chocón. No fue su única actividad en la privatización de centrales hidroeléctricas. También para los bancos, el estudio trabajó en un préstamo sindicado, de US$ 118 millones, para Edison Holding, ganador de Alicurá y Cerros Colorados. Asesoró a la IFC en el crédito de US$ 300 millones que Central Puerto usó en la adquisición de Piedra del Águila.
Por el Santander, estuvo en un préstamo de US$ 300 millones para YPF, en la compra de activos de TotalEnergies en Vaca Muerta. Con PAE, en un crédito con la Corporación Andina de Fomento por hasta US$ 400 millones y en su emisión internacional por US$ 375 millones. Con Pecom, en un préstamo de US$ 300 millones. Y a la IFC, en US$ 157 millones dados a PCR.
Además, en operaciones de mercados de capitales, el estudio representó a los bancos internacionales -BofA Securities, Citigroup, Deutsche, JP Morgan y Santander- en dos salidas de Pluspetrol (US$ 950 millones) y a distintos colocadores, en Pecom (US$ 196 millones), Banco Supervielle (US$ 57 millones) Capex (US$ 71 millones) y la Provincia de Chubut (US$ 157 millones).
Fuera de la energía, entre otras operaciones, también intervino por VISA International en la compra de Prisma, Newpay y Banelsip a Advent. Asesoró a VinciCompass en su fusión con BACS Asset Management -del otro ladao, estuvo Zang- y representó a Interbarge en la licitación pública -y adjudicación- del Puerto de Posadas. A la AFD, de Francia, en préstamos a Santa Fe y Córdoba (100 millones de euros) y a Crédit Agricole en otro, a la República Argentina, por US$ 75 millones.
“Energía y minería son los grandes motores. Pero, además de las grandes inversiones, se está empezando a hablar de la radicación de las empresas que brindan servicios”, señala Santiago Nicholson, de Nicholson y Cano. El estudio celebra sus 50 años. Lo hizo preparándose para el nuevo escenario. Incorporó como socio a Juan Biset, Subsecretario de Política Minera y Sustentabilidad Minera en la Administración Macri. En recursos naturales, la firma asesora a Golar, tanto en SESA como en San Matías Pipeline y su project finance.
“Todo lo relacionado con RIGI se mueve mucho”, agrega Nicholson. Ese universo, se expande al eventual Súper RIGI. En particular, para data centers, algo para lo cual, dice, ya está trabajando. “Y lo que no es RIGI está esperando para ver qué pasa en 2027”, apunta.
Dentro de lo nuevo, NyC participó en la privatización de AySA. En mercado de capitales y reestructuraciones, siguió activo con San Miguel -canje de US$ 110 millones; A/B Loan por hasta US$ 81 millones-, la reestructuración de Rizobacter (US$ 48 millones) y la emisión de Landtoken, fideicomiso de US$ 20 millones, primero de activos inmobiliarios tokenizados. Asesoró a Richmond en su ON de US$ 14 millones y a Revolut, en asuntos de gobierno corporativo. También acompañó las compras de ingenios -Concepción y La Corona- que hizo Santiago Blaquier, tras su partida de Ledesma.
El poder y la Gloria
“Estamos ocupados como hace mucho no estábamos”, describe Valeriano Guevara Lynch, de Allende & Brea. Celebra que sea en trabajo transaccional. “Volvió la época en la que los socios estamos a cargo de varias transacciones al mismo tiempo”, agrega. Ubica el punto de quiebre en las legislativas de octubre. “No se ve un freno, a la espera de qué puede pasar en las elecciones del año próximo. Los clientes no están tímidos. Van a fondo”, asegura. Algunos, con “salvaguardas”, aclara, “en el caso que el resultado en las presidenciales no sean las que esperan”. Pero, aun así, cuando activan, están lanzados.
El caso testigo: el grupo peruano Gloria. “Si las elecciones salen bien, te vamos a llamar para que nos ayudes”, le avisaron a Santiago Sturla, socio de A&B, 10 días antes de las elecciones de octubre. El 26 de ese mes, La Libertad Avanza pintó de violeta 16 provincias, Buenos Aires incluida. Antes de mediados de febrero, Gloria Foods -sucursal del holding incaico- anunció la compra de 80 por ciento de su operación láctea en la Argentina y Brasil a la canadiense Saputo, una transacción de US$ 630 millones; los activos argentinos sumaron US$ 500 millones. B&F estuvo por el vendedor.
A&B asesoró a NotCo en su venta a Molinos Río de la Plata. Mitrani Caballero estuvo por el comprador, al que también lo asesoró en la adquisición de Bodegas Etchart.
A&B trabaja como leading councel del Estado Nacional para la privatización de AySA. Identificó un horizonte de actividad en el área de Derecho Público. A mediados de agosto, incorporó a Soledad Vallejos Meana como socia de Derecho Administrativo, Ambiental y Relaciones Gubernamentales. Fue titular de la Oficina Nacional de Contrataciones y también representó al Estado frente al Banco Mundial, el BID y la OCDE, además de tribunales arbitrales. Reemplazó a Morena Del Río, ahora en Mitrani. “Hay mucho road-show con las privatizaciones y licitaciones que se vienen”, apunta Diego Botana, socio administrador de A&B.
“El año 2025 había sido muy activo, en contraste a 2023 y 2024. En 2026, la actividad se mantuvo en los sectores estratégicos (Oil & gas, minería). Pero, también, en agronegocios y fintech”, observa Adrián Furman, socio administrador de Bomchil.
El estudio representó a Continental, la pionera del shale, en su desembarco en Vaca Muerta: la compra de áreas de Pluspetrol y, luego, una asociación con PAE. Fue por la canadiense Nutrien en la venta de su 50 por ciento de Profertil a Adecoagro y ACA, un ticket de US$ 600 millones. También, al grupo La Nación en la del 51 por ciento del Movistar Arena a Live Nation y a la familia Frávega, en la del 50 por ciento del Banco Sáenz al Macro y Fintech Digital, firma del mexicano David Martínez, accionista de Cablevisión Holding, la sociedad controlante de Telecom.
“En años anteriores, había que estar a la búsqueda de oportunidades. Hoy, llegan nuevos asuntos con asiduidad”, apunta Furman. “Si te llega un mail a vos, es porque le llega a otro también”, agrega, acerca del mood actual del mercado.
Históricos abogados del grupo Eurnekian, en Bomchil hicieron para CGC el bono internacional de US$ 200 millones colocado en mayo, además de las emisiones locales de US$ 55,2 millones (marzo) y US$ 83,57 millones (septiembre).
“Cambió el mood. Salimos de la ‘ON Pyme’. Las transacciones, ahora, son más interesantes, atractivas, grandes”, opina Marcelo Tavarone, de Tavarone Rovelli Salim Miani. Por los bancos -colocadores y compradores-, el estudio participó en el bono internacional de US$ 400 millones de MSU Green Energy y en la emisión adicional de US$ 130 millones. Por los colocadores, en las de Loma Negra (US$ 60 millones), MSU Energy (US$ 59,7 millones), Banco Provincia (US$ 31,7 millones), PCR-Luz de Tres Picos (US$ 400 millones) y Central Puerto (US$ 98,9 millones). Por los emisores, en EPEC (US$ 21,3 millones), Inversora Juramento (US$ 30 millones) y el BST (US$ 20 millones).
En soberanos, asesoró a Córdoba (provincia) en su bono internacional de US$ 800 millones y a Córdoba (ciudad) en un préstamo de US$ 120 millones. Para Esteban Nofal, hizo la compra de Celulosa, por el valor simbólico de US$ 1 -y la asunción de deudas, en concurso, por US$ 128 millones-, y su posterior OPA a la Bolsa porteña. Trabajó en un préstamo sindicado de US$ 60 millones para MSU y en la transferencia parcial del negocio de banca minorista del Banco Industrial al Patagonia.
El estudio se puso la camiseta de River en la firma del préstamo sindicado de US$ 100 millones, dado por IDB Invest y CAF, para la ampliación y techado de su estadio. Sigue con el lado B de ese proyecto: los principales acuerdos de la ejecución, como las distintas licitaciones de los contratistas para la obra.
También en ladrillos, fue asesor legal de IEB Construcciones y de los agentes colocadores en su ON por US$ 20 millones, y en la emisión del primer REIT, que captó US$ 45 millones. Además de su actividad diaria en Energía y Minería, Nicolás Eliaschev, socio de la práctica, asesora a Camuzzi en GNL del Plata, un proyecto de US$ 4000 millones. “Vemos algo súper bullish. Hace mucho que no había algo así. La gente pregunta por la Argentina, hace preguntas. Hay visitas de estudios de afuera”, describe el también asesor de los Neuss.
El estudio fichó a María de los Ángeles Olano -ex Beccar Varela-, para Derecho Tributario. “Había que reforzar Impuestos. Estamos en una Argentina donde la planificación fiscal vuelve a tener sentido”, explica Tavarone.
“Este año, la facturación creció 25 por ciento en dólares. En 2025, había crecido en proporción similar”, dimensiona el incremento de trabajo Jorge Pérez Alati, de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam). “Antes, las transacciones con importes de más de US$ 100 millones eran la excepción. Ahora, las vemos con un dígito más”, contrasta.
El área de Energía, con Francisco Romano a la cabeza, cerró para YPF la venta a Perez Companc del bloque El Corcobo y de Manantiales Behr. También, en la cesión a Eni de un bloque offshore en Uruguay. Estuvo con Pluspetrol en la venta de activos a Continental y a JPM Energía. Con Harbour Energy, en el acuerdo de suministro de gas de SESA -en la que Harbour es accionista- con la alemana SEFE, una operación estimada en US$ 7000 millones. Y, con MetroGas, en la extensión por 20 años de su concesión.
Para minería, el estudio tiene una alianza con Saravia Frías. Aun así, participa en la infraestructura eléctrica del proyecto minero Los Azules, de McEwen Copper. En otros deals, asesora a Phoenix Global Resources en la licitación por seis áreas nuevas en Vaca Muerta y, también, lo hizo con Cencosud en la frustrada venta de Carrefour Argentina, proceso que condujo Marval.
La maquinaria de Pagbam en mercado de capitales sigue funcionando, de la mano de los bancos colocadores. Relucen el bono internacional de Genneia (US$ 400 millones) y el debut de la Municipalidad de San Isidro. Trabajó en la ampliación de la concesión portuaria de Louis Dreyfus en Bahía Blanca y en la planta de crushing que el gigante cerealero construirá ahí, un proyecto de US$ 400 millones. Acompaña, además, la expansión regulatoria en la Argentina y Uruguay de SpaceX y Starlink.
“Empezamos a tener niveles de ocupación que no teníamos desde hacía tiempo”, dice Carolina Zang, de ZBV. “Se está viendo de nuevo el interés de extranjeros y, también, que hay muchos inversores argentinos más sofisticados, con deals más sofisticados”, amplía. Entre ellos, menciona, family offices.
Participó en las emisiones de Cresud, IRSA, BACS y Banco Hipotecario. Trabaja en dos IPO con filing confidencial en la SEC.
También construye en real estate. Fernando Aguinaga, socio del estudio, sigue el ritmo de Ramblas del Plata, el proyecto en la ex Ciudad Deportiva de Boca. ZBV, además, hizo para IRSA las compras de los shoppings Los Gallegos (Mar del Plata) y del ex Showcenter de Haedo. Actualmente, hace los papeles de un tercero en negociación. Se subió al boom minero con Austral Gold, empresa con Eduardo Elsztain como inversor que, en mayo, reactivó Casposo, proyecto de oro en San Juan.
Gana velocidad -e intensidad- su China Desk, conformado hace dos años en conjunto con estudios de Uruguay, Brasil y Chile. También ve oportunidades en venture capital y entrepreneurship, y en tecnología, IA, datos y privacidad. Y, sobre todo, en el “Bing Bang regulatorio” como Zang definió en un artículo publicado en medios los cambios que empuja su colega Roberto Silva en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
DF Entertainment le genera a ZBV actividad en la industria del entretenimiento. También, la UAR: además del desarrollo del Centro Nacional de Rugby en Cardales (US$ 30 millones; se inaugura en noviembre), requirió que el socio Juan Quintana pusheara en el scrum contractual que significó el ingreso de los Pumas al Nations Championship.
Otro partner, Francisco Roggero, tampoco es ajeno a las asperezas: asesora a los bancos en el concurso de Los Grobo; después de acompañar a Marcelo Fígoli en la compra de GCDI, en noviembre, la constructora se presentó en convocatoria en julio.
“Hay industrias muy complicadas. Son las que sufren el shock de la otra velocidad de la economía”, indica Pablo Buey Fernández, de Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. Reconocen tener muchas consultas: en lo que va del año, el estudio lleva cinco concursos presentados -dos textiles grandes, una láctea, la quiebra de una cadena de retail e, incluso, una energética- y otros, dicen, “que están en la etapa previa, haciendo lo posible por evitar el trámite”. Porque, insisten, “el concurso siempre es el último recurso”. La firma sigue con los procesos de Surcos, Los Grobo y Agrofina.
Diego Fargosi (Fargosi Abogados) avanza con el de Norton. Tiene otro par de bodegas clientes, que no llegaron a esa instancia pero renegocian pasivos. “Se están acercando muchas empresas. Sobre todo, las complicadas con el modelo económico y el tipo de cambio”, dice. Es público su trabajo para Burford, que, tras el revés en la Justicia de los Estados Unidos, inició ante el Ciadi el reclamo para cobrar los US$ 16.000 millones de indemnización por la expropiación de YPF.
“Tenemos el escritorio dividido en dos. En un lado, todo el trabajo de Oil & Gas. En otro, lo de reestructuraciones, refinanciaciones y mora”, describe Alexia Rosenthal, de Tanoira Cassagne (TCA). El más reciente -y sonante-, el de Granja Tres Arroyos. Venía de cerrar, para Comafi -que tomó la representación de los acreedores-, la reestructuración de Albanesi, unos US$ 1500 millones entre toda su deuda en default.
De más de 80 abogados, TCA asesoró a los colocadores en la primera emisión de VMOS (US$ 230 millones). Por el Citi, estuvo en los US$ 900 millones de PF a San Matías Pipeline. Tuvo grandes tickets con YPF: sus emisiones internacionales (US$ 1100 millones, US$ 500 millones y US$ 800 millones), también por los colocadores; y la prefinanciación de exportaciones por US$ 700 millones, en este caso, para los lenders (BBVA, Bladex, Santander e Itaú).
TCA trabajó en los RIGI de VMOS, YPF Luz (El Quemado) y Pampa Energía, tanto para su proyecto de urea, Fertil Pampa, como para el de upstream en Rincón de Aranda. También TGN (Tratayen-La Carlota), PCR y Sidersa. Para la siderúrgica, además, hizo un financiamiento de US$ 100 millones, apunta el socio Bernardo Cassagne. Asesoró a Neuquén en su emisión de US$ 500 millones.
Tuvo M&A: Prokrete (comprada por Cementos Avellaneda) y HDI Seguros -para Barbuss/Bottia, comprador-, entre otras. Además, participó en la adjudicación a Clear -su cliente- de áreas petroleras de YPF en Las Heras y al grupo Elementa, en la compra de las aceiteras y acopiadoras de Molinos Río de la Planta. Fuerte en mercado de capitales, hizo el préstamo sindicado de Minera Exar (US$ 200 millones) y sus emisiones de ON; lo propio, con el debut en el mercado local de Farmacity, entre otras emisiones, financiaciones, fideicomisos y capitalizaciones (incluso, de venture capital). Ahora apunta a la actividad que generará la implementación del FAL, junto a las otras aristas -asesoramiento para adaptar convenios colectivos- que abrió la reforma laboral.
(La versión original de esta nota se publicó en la edición número 389 de la revista Apertura, correspondiente a septiembre-octubre de 2026)