La Justicia de Rio concedió una medida cautelar que suspende la concesión del complejo deportivo del Maracaná que otorgó el gobierno de Rio de Janeiro a un consorcio liderado por la constructora Odebrecht.

La decisión de la jueza Gisele Guida de Faria le dio razón al pedido del Ministerio Público Estadual y, en la práctica, impide la firma del contrato de concesión del estadio al consorcio Maracaná S.A.

La decisión judicial señala la presencia de ilegalidades que contaminan la licitación y exige que el Estado se abstenga de celebrar el contrato hasta que concluya el juicio que abrió una acción interpuesta por el Ministerio Público.

El consorcio compuesto por Odebrecht (90%), AEG Estadios y Arenas do Brasil (5%) e IMX Venues y Arenas (5%), del empresario Eike Batista, ganó la semana pasada el proceso de licitación lanzado por el gobierno de Rio.

La magistrada afirma en su fallo que el consorcio ganador se vio beneficiado porque una de las empresas que lo integra fue responsable de elaborar el estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión de complejo, lo que no respeta el principio de igualdad entre los participantes de la licitación.

Según la magistrada, antes de la presentación de propuestas no se había respetado el principio de igualdad entre los competidores: uno de ellos debía afrontar el pago del estudio previo.

La decisión afirma que el proceso licitatorio se ejecutó con flagrante violación del principio de información porque durante la convocatoria no se dio a conocer el indispensable presupuesto detallado de los costos y valores que debería invertir el concesionario.

De acuerdo a la justicia, la licitación debería haber sido precedida por una audiencia pública, dado que los cambios urbanísticos previstos en la concesión tendrán un gran impacto sobre el entorno del estadio, afectando directamente los intereses sociales de esa colectividad.

De acuerdo al estudio de viabilidad presentado por IMX, la explotación del Maracaná aportaría al concesionario un ingreso total de R$ 157 millones por el período de 35 años previsto en la licitación, con lucro líquido estimado superior a R$ 47 millones al año. Para la jueza, existe un desequilibrio económico financiero del contrato de concesión administrativa en desfavor del Estado, una vez que solamente 2,86% de ese ingreso -R$ 4,5 millones- se destinaría al gobierno de Rio por parte de la concesionaria. Sin embargo, las intervenciones de interés público en el estadio Maracaná o en su entorno se están costeando con recursos públicos, señaló el fallo. La reforma del Maracaná, que aún no concluyó, costó al Estado de Rio R$ 1.050 millones.

Otra disputa judicial había dejado fuera de la licitación los palcos del Maracaná, ya que la actual concesionaria argumentó que su contrato llega hasta 2015.