Frente a la crisis provocada por la paralización de distintos sectores de la administración estatal, la presidenta Dilma Rousseff tomó la decisión política para tratar de aprobar una ley para regular las huelgas en el sector público. La embestida comenzaría luego de que las negociaciones sobre los ajustes salariales hayan finalizado y luego de la propuesta de presupuesto para 2013 haya sido enviada al Congreso.

Se prevé que esta iniciativa enfrente nuevas resistencias de las centrales sindicales y parlamentarias de los partidos ligados a los trabajadores. Por lo que el ejecutivo deberá contar con el apoyo de la oposición y con el rechazo de la opinión pública a los paros para llevar adelante la propuesta.

La propuesta está todavía en desarrollo técnico y pretende estandarizar la ley vigente en la materia. La idea es la de prohibir la paralización de los sectores armados y garantizar los servicios esenciales a la población, de forma que se mantengan al menos una parte de los responsables de los servicios en actividad.

La lista de los servicios considerados esenciales por el gobierno cubre veinticuatro áreas que incluyen distribución de electricidad y gas, suministro de agua, telecomunicaciones, inspección agrícola, recaudación de impuestos, control de fronteras, tráfico aéreo y la inspección de los establecimientos industriales y comerciales.

La administración Dilma también quiere reglamentar el corte de los puentes de los huelguistas, e incluir en el proyecto la posibilidad de sustitución de los trabajadores en huelga por empleados sustitutos. Esta medida ya está prevista por un decreto dictado recientemente por la presidenta y que ya sufre resistencias por parte del sector sindical.

Tiene que haber una ley. Tal como está ahora, las personas creen que puede hacer huelga por sesenta días o el absurdo de cortar los puentes. Si los servidores públicos tienen sólo derechos y no deberes, las cosas se ponen difíciles.

Por su parte los sindicalistas ya se preparan para tratar de bloquear el proyecto de ley de huelga, como ya lo hicieran durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los sindicatos quieren que el gobierno reglamente el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las negociaciones colectivas de trabajo en la administración pública. Argumentan que, antes de asegurar el derecho de los trabajadores a negociar sus reclamos, el gobierno busca crear instrumentos de castigo.

Es una inversión de los valores. Estoy siguiendo este proceso con gran preocupación, dijo el presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas. Lo que el gobierno debería hacer es regular el derecho a la negociación. Es mucho más eficaz y tiene mucho más que ver con la razón por la que este gobierno fue elegido .

Los sindicalistas creen que el procurador general de la Unión, Luís Inácio Adams, convocará pronto a una reunión con el sector para abordar la cuestión. Pero ellos tienen resistencias sobre la agenda que se tratará, argumentando que la mayoría de las huelgas sólo son un medio para abrir las negociaciones que el Gobierno trata de evitar.

El proyecto que se trató durante el gobierno de Lula proponía, por ejemplo, que la aprobación del inicio de la huelga en la administración pública sólo podría darse en asambleas que contaran con la presencia de más de dos tercios de los trabajadores.