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En un fallo histórico emitido el viernes 27 de junio, la Corte Suprema deEstados Unidos autorizó la aplicación parcial de la orden ejecutiva 14160, impulsada por la administración de Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales.
La decisión fue adoptada con una votación de 6 a 3 y permitirá que la polémica medida entre en vigor dentro de 30 días, aunque su constitucionalidad aún está siendo evaluada por tribunales inferiores.
Guiño para Trump: ¿qué implica la decisión de la Corte Suprema?
El máximo tribunal no se pronunció directamente sobre si la orden ejecutiva viola o no la Enmienda XIV, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense. En cambio, resolvió que los tribunales federales que habían bloqueado la norma excedieron su autoridad al emitir medidas cautelares de alcance nacional.
A partir de este fallo, las injunciones universales emitidas por jueces en Washington, Massachusetts y Maryland deberán ser revisadas y limitadas, lo que abre la puerta para que laadministración Trump implemente parcialmente la medida en jurisdicciones donde no haya demandas activas.
Qué dice la orden ejecutiva 14160
La normativa, firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, busca reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la Enmienda XIV para negar la nacionalidad a niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con visas temporales.
Según sus críticos, esto podría crear una nueva generación de personas en riesgo de apatridia, sin acceso a servicios públicos, programas federales ni empleo legal.
Reacciones divididas: polémica en la Corte
La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, argumentó que los tribunales no pueden emitir bloqueos generalizados a políticas federales sin exceder los poderes otorgados por el Congreso. "La judicatura no tiene autoridad ilimitada", sentenció.
Sin embargo, las tres juezas progresistas -Sotomayor, Kagan y Jackson- votaron en disidencia y advirtieron que la implementación parcial de esta medida generará caos jurídico y humanitario. Sotomayor calificó la decisión como "vergonzosa" y criticó el uso del sistema judicial para avanzar una agenda política que afecta a familias vulnerables.
Qué viene ahora: impacto y debate constitucional
Aunque el fallo permite una implementación acotada de la orden ejecutiva, el debate de fondo -sobre si el presidente tiene poder para modificar un derecho constitucional- continúa en tribunales inferiores, y se espera que eventualmente regrese a la Corte Suprema.
Mientras tanto, agencias federales tienen 30 días para establecer los protocolos de aplicación, aunque solo podrán ejecutar la norma en aquellos estados donde no existan bloqueos judiciales vigentes.
Este caso, conocido como Trump v. CASA, Inc., consolida tres demandas que cuestionaban la autoridad de jueces federales para dictar bloqueos nacionales contra políticas del Ejecutivo. Con este fallo, la Corte podría estar marcando un precedente clave que limite el poder de los tribunales de menor instancia para detener medidas federales de forma generalizada.
