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La estabilidad laboral de miles de trabajadores inmigrantes vuelve a estar en riesgo en Estados Unidos. En pleno clima de tensión política, la administración de Donald Trump presiona al estado de California para que anule miles de licencias de conducir comerciales (CDL) que, según autoridades federales, no cumplen con las normas vigentes.
Para quienes dependen del camión o del autobús escolar para sostener a sus familias, la posibilidad de perder su documento representa más que un trámite: es la amenaza directa de quedarse sin ingresos en un entorno cada vez más hostil.
Revisión y suspensión masiva de licencias en California: a quiénes afecta
La disputa se intensificó después de un trágico accidente ocurrido en agosto, donde un conductor sin estatus migratorio regular fue acusado de una maniobra que terminó con tres víctimas fatales.
Desde entonces, el Departamento de Transporte federal aumentó la presión sobre California, que ya comunicó que iniciará la revocación de 17.000 licencias comerciales cuyos vencimientos no coinciden con el periodo autorizado de permanencia en el país.
Las autoridades estatales explicaron que la revisión responde a las exigencias de una ley californiana, que obliga a que la fecha de expiración de una CDL coincida con el estatus legal del conductor. Para miles de inmigrantes, esta medida significa entrar en un limbo burocrático que pone en juego su estabilidad laboral.
El Gobierno afirmó: “California actuó de forma indebida”
El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la decisión estatal constituye un reconocimiento implícito de errores en la emisión de licencias. Según Associated Press, Duffy aseguró que continuará presionando para retirar de las rutas a quienes no sean ciudadanos si ocupan puestos sensibles como el transporte de carga o de estudiantes.
Las comunicaciones federales sostienen que los documentos “ya no cumplen con los estándares nacionales” y que expirarán en 60 días, dejando poco margen de maniobra para los afectados. Sin embargo, desde Sacramento niegan categóricamente esa versión.
¿Qué dice California? “Cumplimos con la ley que existía”
El equipo del gobernador Gavin Newsom respondió que los requisitos federales mencionados por Washington no existían cuando se otorgaron esas licencias. Además, explicaron que todos los conductores que ahora perderán su CDL contaban con permisos de trabajo válidos emitidos por el propio gobierno federal.
La oficina de Newsom sostiene que el problema no tiene relación con la legalidad del proceso de emisión, sino con un ajuste normativo interno del estado. Para las autoridades californianas, se trata de un ataque político que apunta directamente a la comunidad inmigrante.
El portavoz del gobernador, Brandon Richards, fue contundente: calificó las declaraciones del secretario de Transporte como “acusaciones falsas diseñadas para alimentar tensiones”.
Más restricciones y recortes
El conflicto no se limita a regulaciones técnicas. Duffy también decidió retirar 40 millones de dólares en fondos federales de transporte y advirtió que podría retener otros 160 millones si California no invalida todas las licencias que él considera irregulares.
El Departamento de Transporte federal también acusó a seis estados de haber emitido CDL a personas que no son ciudadanas, aunque California es el único en el que avanzaron medidas formales. Los demás estados quedaron a la espera de auditorías, retrasadas por el cierre del Gobierno.
Ante este escenario, la oficina del gobernador compartió un extenso descargo en redes sociales, señalando punto por punto los datos que considera incorrectos o manipulados. Entre ellos, negó que el DMV haya admitido fallas en el proceso y reiteró que las personas afectadas no son inmigrantes indocumentados, sino trabajadores con autorización legal vigente.