El gobierno presentó este jueves el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035, una estrategia de largo aliento que busca bajar los índices de criminalidad mediante un fuerte refuerzo del trabajo policial y el uso intensivo de tecnología.
Entre las medidas más visibles figura la incorporación de más de 2.000 policías y un despliegue ampliado de patrullaje en todo el territorio, con especial énfasis en operativos en “zonas críticas” basados en inteligencia y presencia permanente.
El plan apuesta a la modernización tecnológica: drones, ampliación de la videovigilancia y nuevos sistemas de análisis de datos para el monitoreo de incidentes y la coordinación entre fuerzas de seguridad y organismos estatales.
En materia de control de fronteras y rutas se contempla la participación de las Fuerzas Armadas, la implementación de “anillos digitales” para rastrear el tránsito de personas y vehículos, y una mayor regulación sobre motos y automóviles en situación irregular.
La estrategia incluye un paquete de medidas para atacar al narcotráfico, con seguimiento de redes criminales, su estructura y financiamiento, y refuerzos en la investigación especializada.
La prevención comunitaria aparece como otro eje: el programa Más Barrio trabajará en cinco áreas priorizadas con intervenciones integrales para disminuir violencia, mejorar convivencia y coordinar acciones para reducir la cantidad de personas en situación de calle.
También se proponen endurecer sanciones contra el porte y tráfico de armas ilegales, la creación de nuevos marcos regulatorios y un proyecto de ley que aumenta las penas por su uso en espacios públicos.
En paralelo, se incorpora un sistema de protección integral para mujeres e infancias, con dispositivos como Élida 360 para responder a situaciones de violencia de género y doméstica, y acciones de prevención de delitos digitales con alertas y coordinación entre bancos y organismos públicos.
El plan incluye además reformas penitenciarias: mejoras de seguridad, construcción de centros de máxima seguridad y programas de reinserción laboral y educativa, impulsando la creación del Instituto Nacional de Reinserción para acompañar la salida y la rehabilitación de personas privadas de libertad.