En esta noticia
Por medio de un proyecto de Resolución, los legisladores del bloque Encuentro Federal Esteban Paulón y Mónica Fein propusieron "rechazar el decreto de necesidad y urgencia 340/2025, a través del cual se realizan reformas estructurales al régimen normativo de la marina mercante nacional tendientes a la desregulación del sector, se habilita un régimen de excepción, se declara servicio esencial a la navegación marítima y fluvial, y se introducen modificaciones sustanciales al marco regulatorio y laboral de la actividad marítima y pesquera; en virtud de su carácter manifiestamente inconstitucional".
Entre sus fundamentos los legisladores manifestaron que "no existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen el dictado de un acto de naturaleza netamente legislativa por parte del Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades privativas de este Congreso de la Nación, no mediando circunstancias excepcionales que tornen imposible el trámite habitual y ordinario de sanción de las leyes y, por tanto, habiliten la utilización de una herramienta como el DNU".
Asimismo Paulòn aseguró que "existen en esta Cámara iniciativas tendientes a modificar las normas que el Poder Ejecutivo borró de un plumazo, como la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional, o la Ley 27.418 de Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina; normas que fueron el resultado de un amplio debate entre diversos sectores políticos, representantes gremiales y entidades empresarias del sector situadas en las antípodas de la desregulación dispuesta por el Poder Ejecutivo".
Quienes también se hicieron presentes en el Congreso Nacional, más precisamente en la Comisión de Intereses Marítimos, fueron los representantes sindicales y del sector naval, quienes discutieron el impacto del DNU al tiempo que coincidieron en la necesidad de fortalecer la marina mercante nacional.
Hubo consenso en la ronda de expositores respecto a la necesidad de retomar proyectos de complemento a la Ley de Marina Mercante (n° 27.419), que registran estado parlamentario en ambas cámaras del Congreso.
Participaron de la reunión informativa, los diputados Gustavo González (UP), Julia Strada (UP) y Christian Castillo (PTS - FIT U); el secretario general del Centro de Patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimos, Mariano Moreno; el representante del Sindicato Nacional de dragado y balizamiento, Roberto Millo; el secretario de Relaciones Laborales del SOMU, Alejandro Vargas; el secretario general del SICONARA, Mariano Vilar, y el referente del Astillero Río Santiago, Denis Vilardo.
Amparo colectivo ambiental
La asociación "Simple Asociación Colectivo de Intervenciones Regionales", presentó un amparo donde solicitó la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del DNU en virtud del riesgo ambiental derivado de las modificaciones dispuestas vinculadas a la actividad marina mercante.
La acción de amparo ambiental entablada, según el sitio Informe Marítimo, fue acompañada por el pedido de una medida cautelar que ordene la inmediata suspensión de sus efectos, en virtud del grave riesgo que conlleva, todo ello en el marco de obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado Nacional.
La asociación puso de relieve que la nueva normativa dictada es de carácter manifiestamente regresivo y se dictó sin respetar los principios -preventivo y precautorio- rectores en la materia ambiental.
"Las modificaciones realizadas por el Gobierno Nacional, reducen los requisitos técnicos o de seguridad ambiental para la construcción y mantenimiento de buques; disminuyen la capacidad de fiscalización y control de la Prefectura Naval Argentina, atenúan las sanciones por infracciones ambientales; debilitado las exigencias de evaluación de impacto ambiental o de planes de contingencia", señalaron desde la Asociación.