Pocas veces se vio un consenso tan amplio en una audiencia pública. Casi la totalidad de los 240 expositores coincidieron en que sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es imposible avanzar en el proceso licitatorio del dragado del Paraná y del Rio de la Plata. También hubo amplio consenso en que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) no tiene competencia para abordar este tema según lo prescripto por la Ley General del Ambiente 25.675.

“Desde el inicio planteé una cuestión esencial y jurídicamente insalvable: este procedimiento es inválido porque no existe proyecto ni EIA completo, técnico, integral y previo, tal como exige la Ley General del Ambiente” afirmó Horacio Tettamanti, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre los años 2012 y 2015. En su lugar, afirmó que “se presentó un conjunto de escritos con cerca de 9000 páginas inconexos, en muchos casos extemporáneos y en otros correspondientes a informes privados advertidos oportunamente como inconsistentes y erróneos, sin rigor científico, que la propia autoridad reconoce que no constituyen un EIA”.

También señaló falta de licencia social y violación del Acuerdo de Escazú: “La ciudadanía no tuvo acceso a información adecuada. La transparencia y la participación no son formalidades; son mandatos legales”.

El exfuncionario vinculó la cuestión ambiental con la perspectiva geopolítica, logística y productiva.

“Este proyecto preliminar que se pretende licitar, y que no es otra cosa que reeditar el esquema de los años 90, de llevarse a cabo significará renunciar definitivamente a que la Argentina tenga un puerto propio de 14 metros en el Río de la Plata”.

Advirtió que la traza propuesta “instalaría un conflicto geopolítico gravísimo de cara al futuro, obligando a convivir en un mismo espacio fluvial barcazas extranjeras con los buques de la economía nacional”, comprometiendo la seguridad, la competitividad y la soberanía logística del país.

Asimismo, alertó que dicho diseño implicaría “perder nuestra salida soberana al mar para depender de puertos extranjeros” y consolidaría un modelo de dragado “irracional” que “triplicaría los peajes para los productores argentinos mientras subsidia a las cargas extranjeras que compiten con nuestra producción”, instalando definitivamente la fragmentación marítima del país.

Omisión técnica

Tettamanti subrayó, además, una omisión técnica central en la propuesta oficial.

“La autoridad desconoce un hecho trascendente: en 2014 se inauguró el nuevo Canal de Panamá, con mayores dimensiones que transformaron la flota mundial. Seguir navegando por trazas definidas en el siglo pasado, para buques que ya no existen, y no incorporar estas variables en el diseño del sistema de navegación argentino, no es solo mala praxis: es una decisión irresponsable que condenará e hipotecará el futuro del país”.

Finalmente, remarcó que “el Paraná no es una autopista privada. Es una arteria estratégica de integración y soberanía. Sin planificación nacional integrada y sin considerar el Canal Magdalena, se condiciona el futuro logístico argentino”.

Tettamanti pidió anular el procedimiento, suspender las licitaciones, realizar un EIA completo y un rediseño estratégico con la participación plena de la sociedad y con estudios científicos, batimétricos y sedimentológicos actualizados.

“La Argentina tiene la oportunidad histórica de diseñar un sistema de navegación soberano, eficiente y adaptado a los estándares globales actuales. Persistir en trazas del siglo pasado para buques que ya no existen significa hipotecar el futuro del país y entregar nuestra logística estratégica. El Paraná y el Río de la Plata deben ser herramientas al servicio del interés nacional, no de intereses ajenos”, sentenció el ex subsecretario.