En la medida en que permitirá al Estado nacional recuperar el control sobre una parte de la renta petrolera, la decisión oficial de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol constituye un paso positivo. Pero, por sí mismo, no satisface el objetivo, también anunciado por Cristina Kirchner, de recaracterizar a la producción de gas y petróleo y al autoabastecimiento del país en esos rubros como actividades estratégicas.

Para lograr esos objetivos habría que derogar primero los decretos desreguladores de la actividad dictados por el menemismo. También, poner en revisión todas las concesiones de áreas de explotación y determinar en cada una los niveles de cumplimiento de sus términos. Y hacer una cuidadosa auditoría de nuestras reservas de petróleo y gas.

YPF sólo da cuenta del 34 por ciento de la producción de petróleo del país, y del 22 por ciento de la de gas. Por lo que, en principio, los casi dos tercios de la producción seguiría desarrollándose como hasta ahora, pese a su incidencia en los graves problemas de soberanía hidrocarburífera mentados por la presidenta.

Así, el 51 por ciento de las acciones de YPF que hoy se expropian no tienen de ninguna manera el mismo valor que tenían en la empresa que se malvendió en la etapa menemista. Lo que lleva directamente a la preocupación de los criterios con los que se fijará el precio de la expropiación. Sobre todo si se tiene en cuenta que una petrolera vale por sus reservas, las que no están auditadas y además son propiedad del Estado nacional y de los provinciales.

En todo caso, el anunciado proyecto de ley oficial propone en principio la interesante iniciativa de obligar a al logro de una mayoría especial de dos tercios de las dos cámaras del Congreso a quien pretenda volver a enajenar las acciones ahora expropiadas.

Mientras que resulta mucho menos prometedor el artículo 15 del proyecto, por el que se sustrae la nueva sociedad anónima YPF a la jurisdicción de los organismos estatales de control, como la Auditoría General de la Nación y la SIGEN. Tan poco prometedor como las laxas figuras de asociación con empresas privadas nacionales y extranjeras que auspicia para la nueva YPF el artículo 17 del proyecto.