El final de la actual administración de gobierno muestra un sistema tributario agotado para cumplir los objetivos que hacen a su esencia.
Actualmente el Estado financia el gasto excedente con el impuesto inflacionario y emisión monetaria. Cada uno de los tributos que conforman el andamiaje del sistema muestra hoy una distorsión palpable. Esta distorsión no hace más que exponer abiertamente a la sociedad los ganadores y los perdedores del sistema de una manera cruda e indudable.
A modo de ejemplo vemos como ciertos actores productivos que aún muestran algún índice de rentabilidad ingresan el impuesto a las ganancias sobre utilidades ficticias producto del no reconocimiento de la inflación en la determinación del gravamen. Por otro lado el capital de trabajo de las empresas y el ingreso de los asalariados se ve cercenado innecesariamente por la acumulación de saldos a favor de impuestos provinciales y federales y ausencia de ajuste en las escalas salariales, mínimo no imponible y deducciones personales. Estas distorsiones conforman hoy una política de Estado que se manifiesta a través de la demora en la devolución de saldos de exportación, no emisión de certificados de no retención o percepción, no ajuste de escalas progresivas y deducciones personales, etc.
Hoy la inflación genera al Estado la recaudación que, en otro escenario, el crecimiento económico, el empleo genuino y un eficaz accionar del Organismo Recaudador deberían aportar.
Muchas voces se alzan actualmente en pos de la discusión de una reforma tributaria que, concuerdo, debe necesariamente debatirse. No obstante, como en otros ámbitos de la vida pública, el solo cumplimiento de las normas que rigen el actual sistema por parte de todos los actores ya supondría un paso muy importante en aras de una genuina distribución de riqueza y el cumplimiento de principios básicos de la imposición como el de igualdad, equidad y capacidad contributiva.
Por su parte la próxima administración deberá reconocer el efecto inflacionario en la determinación de los tributos y actualización de saldos a favor y/o quebrantos o, mejor aún y complementariamente, erradicar la inflación de la economía como alternativa. Por otra parte el Organismo recaudador deberá enfocar sus esfuerzos hacia el combate contra la evasión fiscal que, todos sabemos, existe en varios sectores de la vida económica. Resulta ser manifiestamente inequitativo que un universo de contribuyentes cada vez más anémico sostenga sobre sus hombros lo que otros sectores de la vida económica no aportan.
Pocos esperan que la nueva administración, sea del signo político que sea, corrija las distorsiones del sistema durante el año próximo reinstalando el ajuste por inflación fiscal. Básicamente por ser infinanciable esa cruzada. En este escenario los contribuyentes deben evaluar cuidadosamente las herramientas procesales que les permitan defender el derecho constitucional de propiedad que resulta vulnerado debido al impacto que el proceso inflacionario produce en la determinación de los tributos. Cada vez con mayor frecuencia la justicia reconoce el efecto lapidario de la inflación so bre los impuestos. Con lo cual la acción se impone. De lo contrario la prescripción irá haciendo su trabajo lenta pero inexorablemente en favor del Estado y en perjuicio de los contribuyentes.