La discusión entre los principales candidatos a jefe de Gobierno porteño sobre la posibilidad de concretar un debate antes de la primera vuelta electoral evidencia la necesidad de generar acuerdos democráticos básicos que superen el cálculo electoral y los condicionamientos políticos de corto plazo.

Los debates electorales mejoran la calidad del debate público y aumentan la información que los electores tienen sobre el programa de los candidatos. Por eso, es necesario que los candidatos prioricen por sobre las negociaciones de escenarios y modalidades su voluntad de someterse a un principio de máxima disposición y buena fe para concretar debates.

Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una rica tradición en debates electorales: desde 2003, han debatido en diferentes ámbitos candidatos a jefe de Gobierno y a legisladores. Las negociaciones en cada instancia siempre fueron arduas, pero eso no impidió que debates entre los principales candidatos se llevaran a cabo.

Tal como viene sucediendo en Córdoba y Santa Fe, un debate en la Ciudad serviría para promover instancias similares en otras provincias y generar un clima de demanda ciudadana por el primer debate de candidatos presidenciales en la historia de nuestro país.

La mayoría de los países de Améri

ca está consolidando una tradición en la organización de debates electorales, tanto local como nacional. Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México, Costa Rica y los Estados Unidos son algunos de los países cuyos candidatos debaten antes de los comicios. Cada encuentro exige minuciosas negociaciones entre los actores políticos por las reglas del debate, los periodistas que ofician como moderadores y los canales de televisión que transmiten los encuentros.

Para promover la demanda ciudadana de debates electorales, el mes último CIPPEC y Poder Ciudadano convocaron a cuatro especialistas de Perú, Colombia y los Estados Unidos. Los expertos coincidieron en que cada encuentro exige negociar con los principales candidatos, que suelen tener objeciones sobre diversos aspectos del encuentro. Sin embargo, en estos países el costo político de no debatir es tan alto -porque la ciudadanía espera ver la deliberación entre sus candidatos- que las negociaciones priorizan la concreción del debate por sobre otros objetivos.

Y la gente quiere ver a los candidatos debatir por diversos motivos. Por un lado, porque el encuentro aumenta la información que tienen los votantes de quienes aspiran a representarlos. Además, los debates se establecen como acontecimientos mediáticos que aumentan la visibilidad de los candidatos, el interés de las audiencias por sus acciones y, así, consolidan a las elecciones como el momento de máxima visibilidad pública de la política. En los Estados Unidos, por ejemplo, más de 60 millones de espectadores siguen en vivo el debate entre los candidatos presidenciales. El número es todavía más alto si se suman las audiencias que siguen la transmisión por Internet desde otros países. Por su parte, una encuesta hecha por la organización Transparencia Perú demuestra que el 50% de los electores reconoce que los debates electorales tienen mucha o alguna influencia en su voto.

La situación de los candidatos porteños revela que la Argentina todavía no logró consolidar la demanda ciudadana por los debates de tal manera que sea más costoso para ellos no presentarse a los encuentros. Por eso, es imprescindible iniciar un camino para institucionalizar los debates electorales en la Argentina, asegurar que se realicen y se sustraigan de cualquier cálculo electoral.

Esto supone comprender que los debates deben formar parte de la práctica democrática y no son opciones sujetas a especulación sobre la oportunidad o el escenario más favorable. Para eso, es necesario establecer una instancia conformada por actores representativos y de prestigio que proponga reglas de juego estables y sirva de interlocutor válido para todos los candidatos. Los países que organizan debates asiduamente han sido capaces de crear estos cuerpos o comisiones que se erigen como garantes de la imparcialidad en la organización y el establecimiento de las reglas de los debates.

Las encuestas preelectorales coinciden en pronosticar un balotaje en la ciudad de Buenos Aires. En esta instancia, ambos candidatos procurarán fortalecer su identidad frente al electorado. Por eso, un debate entre los dos finalistas aseguraría un espacio para profundizar las ideas sobre la Ciudad que cada uno promueve y las diferencias entre ellos.

Existen condiciones que hacen política y técnicamente viable un debate en Buenos Aires, con garantías de imparcialidad y calidad en la organización. Pero es necesario que los actores políticos dialoguen y consensuen las condiciones para que el electorado pueda verlos debatir.