¿En qué se parece la ley 26741 de Expropiación de YPF del 2 de mayo de 2012 con la Ley de Emergencia Económica y reforma del régimen cambiario del 6 de enero de 2002? Básicamente en que estas leyes le dan al Poder Ejecutivo una potestad casi absoluta para tomar las decisiones que les parezcan más convenientes, según su libre albedrío.


A quienes en los años de juventud nos movilizaba la lectura de los 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed, este accionar nos recuerda aquel latiguillo que se iría convirtiendo en una desilusión: Todo el poder a los Soviets. Desilusión por un modelo que fracasó por completo con la caída del muro de Berlín, y que muchos nostálgicos quieren comparar con la crisis global que está sufriendo hoy día el capitalismo. Sólo una excusa para acentuar las políticas intervencionistas.


Pero a no rasgarse las vestiduras con la sanción del Decreto 1277, que regula la mencionada ley de expropiación. Este decreto no es sino la reglamentación de esa ley, votada por la amplia mayoría del Congreso Nacional, con excepción del PRO y algunos otros legisladores del peronismo disidente como Francisco de Narváez, además de Patricia Bullrich, y paremos de contar.


Bajo este paraguas regulatorio, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones, conducida por los tres funcionarios que pelean por el clamor presidencial, se podrá controlar todas las decisiones empresariales, indagando en la contabilidad de las empresas, hasta el nivel de los márgenes que consideren justos y razonables.


Al momento del debate sobre la ley, junto con algunos especialistas que dieron su opinión calificada en el Congreso, manifesté mi disidencia. Consideraba que los efectos negativos de la expropiación serían peores que los beneficios, a pesar de considerar que Repsol no había sido un eficiente administrador de los recursos estatales asignados en concesión a YPF tras la privatización. Es más, el proceso de adquisición hostil por parte de Repsol habría tenido serios visos de corrupción por parte del poder político de turno. No obstante ello, consideré discriminatoria la expropiación sólo a Repsol, habida cuenta que otras firmas internacionales habían tenido igual de mal desempeño, pero que se facilitaba porque España estaba inmersa en una crisis gravísima, y se evaluaban costos menores respecto a lo que podía resultar de un enfrentamiento con firmas como Petrobras o Chevron. Una situación que traía alguna reminiscencia de la época de la Revolución de Mayo, con una España invadida por Napoleón.


Los primeros meses de gestión estatal de la nueva YPF están mostrando algo evidente: las inversiones extranjeras no son solidarias. Y para cumplir con un ambicioso plan de inversión se requiere o bien de incentivos al capital privado, o bien de un Estado con recursos excedentarios. Ambos requisitos están fallando, y se ha decidido apelar a un enfoque parcial del esquema del garrote y la zanahoria. Ahora es solo garrote.
Ni siquiera las provincias, que apoyaron la medida tendrán vela en este entierro. Nunca más apropiada la analogía, ya que esta industria requiere enterrar enormes sumas para obtener rentabilidad de largo pla zo, algo que en Argentina se reduce a unas pocas semanas.