Frente a las noticias de que funcionarios, empresarios y sindicalistas están involucrados en aberrantes hechos de corrupción tienen buenos argumentos tanto quienes piensan que se trata de una persecución política, como los que dan crédito a la veracidad de las denuncias. Desde hace mucho tiempo hay fundadas sospechas de que este tipo de hechos, en el sistema de obras sociales, no son aislados ni mucho menos excepcionales. Son la forma intrínseca de operar en un sistema con reglas de juego perversas. Dicho de manera más cruda, no es que en el sector falten los honestos sino que, bajo las reglas de juego prevalecientes, hasta los honestos se vuelven delincuentes. En el esquema de financiamiento del sistema de obras sociales, esta regulado el Fondo Solidario de Redistribución -que se alimenta de una fracción de los aportes y contribuciones a las obras sociales- con tres finalidades: a) redistribuirse automáticamente hacia las obras sociales para financiar la atención médica de personas de bajos ingresos cuyos aportes no llegan a cubrir una capita mínima; b) financiar el funcionamiento de la superintendencia; y c) financiar la Administración de Programas Especiales (APE) que distribuye discrecionalmente fondos para subsidiar, en teoría, tratamientos y medicamentos muy costosos. Hasta la crisis del año 2002, el 80% del Fondo se distribuía por el mecanismo automático y sólo el 20% se destinaba a la superintendencia y a la APE. En la actualidad, el monto que se distribuye automáticamente fue licuado por inflación, usando la simple vía de no actualizar la capita mínima. Así se generaron enormes excedentes que administrados de manera discrecional y poco transparente en la APE son la materia prima de los actos de corrupción que ocupan las noticias. Detectar y castigar los actos de corrupción, aplicando con rigor el Código Penal, es muy importante. Sin embargo, en el mejor de los casos, servirá para que estos personajes no vuelvan a reiterar los ilícitos. Pero nuevos actores tomarán la posta frente a la irresistible tentación que generan enormes masas de recursos sujetas a manejos discrecionales. Por eso, tan importante como cortar cabezas llevando hasta las últimas consecuencias las investigaciones judiciales es transformar las reglas de juego bajo las que opera el sistema. La agenda de políticas comprende, entre otras medidas, actualizar el monto de la capita que se distribuye por el mecanismo automático (apuntando a que ningún trabajador tenga un financiamiento inferior al costo actuarial del PMO), recrear la superintendencia de salud como un ente solvente e independiente de control -no de distribución de subsidios-, y reemplazar a la APE por un seguro universal de cobertura para enfermedades de alto costo. Si los escándalos de corrupción dan pie a reencauzar un proceso de transformación que perfeccione la libre elección, hay esperanzas de que la delincuencia deje de ser un fenómeno estructural en las obras sociales. Pero si se sigue la prédica oportunista de que la solución es cortar cabezas, en muy poco tiempo las viejas práctica -con nuevos actores- seguirán medrando los fondos públicos sanitarios.