En las economías modernas la sociedad toda pero en particular los sectores de menores ingresos, son los mayores beneficiados con las inversiones que se realicen dentro de sus fronteras, en sobre todo cuando generan un aumento importante en la oferta de bienes y servicios. Esas inversiones y la mayor oferta resultante conducen casi siempre a una reducción en los precios, canalizando por esa vía una mejora en los ingresos reales de toda la población.

En esta dirección, el reciente Decreto 929/2013 siempre será bienvenido, aunque merezca algunas objeciones. No tanto en los considerandos y contenidos, donde el texto declarativo supera la precisión y el alcance que se espera de una norma legal de esta naturaleza. La mayor debilidad aflora en la escasa fuerza y la poca versatilidad para generar el caudal de inversiones que el país necesita imperiosamente para revertir la caída de las reservas y la declinante producción de petróleo y gas.

No hace falta insistir demasiado que la norma parece pensada y redactada para exclusivo beneficio de un acuerdo empresario decidido a encarar un importante proyecto. Aparte de cualquier consideración de orden ético, el eterno defecto de las piezas legales dirigidas a un caso particular, aparece con las limitantes que sobrevienen al encuadrar un beneficio particular dentro de un régimen que apunta a los intereses generales. Al proceder de esa manera, se termina por encorsetar el resto de las iniciativas, que a la postre podrían resultar tanto o más importantes para el desarrollo del sector que la única considerada para dictar esta norma.

¿Qué justificación técnica, legal o económica se ha invocado para fijar un límite inferior de 1.000 millones de dólares de inversión tal como se lo determina en el artículo 3´, para ser beneficiarios del presente régimen? ¿Qué sucederá con aquellos proyectos que por tamaño ó inclusive porque son más eficientes o innovadores, la inversión total sólo alcanza los 800 ó 900 millones? ¿serán rechazados por una cláusula carente de sustento técnico sólo para acomodar el régimen a un proyecto en particular?

Mas injustificado resulta la obligación de ingresar divisas por ese monto mínimo para ser beneficiario efectivo del régimen. ¿porqué no pueden acceder al beneficio empresas e inversores locales que realizan la inversión en pesos, aun cuando superen el monto fijado de los $ 1000 millones de U$S.

Por otro lado, el 20 % de la producción exportable con un precio 100% liberado constituye sólo un caso, particular, válido y hasta si se quiere completamente justificable dentro de la lógica de un contrato entre dos partes. Lo que parece poco oportuno es llevar ese caso particular para generalizarlo a todos los posibles interesados.

Donde surge la principal incongruencia del Régimen de Promoción de Inversiones, es con el espíritu poco amigable para con el desarrollo de una creciente participación de empresas e inversores locales, así como de la industria nacional que debería acompañarlos. ¿Porque razón se fija el monto de la inversión mínima en una moneda de otro país en lugar de nuestro propio signo monetario? Y siguiendo con el razonamiento ¿son éstos los mejores incentivos que podrían corresponder a una propuesta de un grupo de empresas e inversores locales dispuestos a invertir en pesos y utilizar todo el gas o el petróleo obtenido en su industrialización y venta en el mercado interno?

El régimen parece contemplar sólo el caso, probablemente el más frecuente pero no por ello el único, que las inversiones provendrán del exterior. Por eso son escasos y poco atractivos los incentivos que se ofrecen a los empresarios locales dispuestos a invertir los ahorros guardados en moneda local. También parece proyectar hacia el futuro lejano la vigencia permanente de un mercado con control de cambios, en el que los beneficiarios tendrán una siempre dudosa prioridad para acceder al mercado oficial y conseguir las divisas necesarias para convertir sus ganancias en remesas efectivas y posibles.

La producción de petróleo y gas viene desde hace ya demasiados años soportando la consecuencia de políticas y medidas desacertadas. Sería oportuno aprovechar el nuevo enfoque que se pretende aplicar al sector para reordenar su funcionamiento con mayor previsibilidad, institucionalidad y transparencia.