Los años electorales saben venir acompañados con el lanzamiento de toda clase de iniciativas, la mayoría de ellas propuestas por candidatos que necesitan ser conocidos por el electorado y trascender a través de las mismas, aunque también las hay de aquellos con cargos vigentes obligados a revalidar títulos frente a una opinión pública que ya los ha olvidado. Este año no podía ser una excepción y hasta ahora el premio a la originalidad podría corresponderle al proyecto de ley presentado recientemente en la legislatura provincial, que pretende evitar que los consumidores realicen largas colas frente a las cajas de los supermercados.

La idea es que los supermercados bonifiquen a los clientes con el 50% del precio de la compra en el caso que el tiempo de espera en la cola frente a las cajas exceda los 15 minutos. Se trata sin duda de una más de las tantas iniciativas que se fogonean al calor del clima de campaña y que seguramente caerá en el olvido no bien se apaguen las últimas luces que encandilan el escenario electoral. El proyecto de ley, que persigue el loable propósito de mejorar la atención al público, tiene sin embargo sus costados oscuros, que superan con creces el efecto benéfico que se pretende instituir.

El primero y quizás el principal, es el de la manifiesta arbitrariedad en la selección, en este caso claramente discriminatoria. ¿Porqué solamente un beneficio para quienes hacen las compras en un supermercado? ¿ Porqué no incluir también a quienes tienen que padecer las interminables colas en los bancos, oficinas públicas, farmacias de turno por no mencionar a los mártires que soportan las inclemencias del tiempo durante horas para adquirir la entrada al partido de fútbol ó de algunos espectáculos artísticos? Por otra parte, si se generalizara el criterio propuesto por el legislador, bien podrían los jubilados también cobrar el doble de su haber cuando el tiempo de espera en la cola del banco supera los 15 minutos. Al mismo beneficio deberían acceder quienes hacen las colas para pagar sus impuestos ó sacar una entrada de teatro. Argumentos similares podrían esgrimirse también para extender el beneficio a las demoras que a veces ocurren en autoservicios y almacenes de barrio, donde hay que sacar número y esperar largo tiempo para ser atendidos, pagar y retirar la mercadería comprada.

El argumento con el que se pretende justificar esta sorprendente aplicación de la norma legal descansa en la discutible presunción que los supermercados saben cuando se registra el mayor ingreso de clientes y conteste con ello deberían reforzar los puestos de cobranza para atender ese mayor caudal de público. El problema radica en que aún cuando se pueda prever esta mayor afluencia, la legislación vigente torna difícil y gravosa la contratación de personal auxiliar para realizar trabajos de carácter esporádico, que en el presente caso por ser recurrente y repetitivo, al final terminará declarado como personal permanente a la primera disputa en cualquier tribunal. Una propuesta de esta naturaleza, si verdaderamente apunta a beneficiar a los consumidores, debería contemplar los mecanismos legales tendientes a facilitar la contratación de personal para cubrir estas cargas extraordinarias de trabajo.

No obstante, aún cuando se consiga resolver esta parte del problema, nunca habrá soluciones totales, ya que el número de cajas en un negocio se establece para atender la demanda de clientes en la hora de mayor afluencia, nunca la de los picos extraordinarios como los días previos a Semana Santa ó Navidad ó de fines de semana largo en los primeros días del mes. De sancionarse la ley proyectada, la gente acudiría en tropel a realizar las compras en los supermercados porque tendría la casi plena seguridad que su compra terminará bonificada en un 50%. Más aún, pequeños comerciante minoristas se volcarán en masa a los supermercados llenando cada uno varios carritos, sabiendo que en ese caso resultará materialmente imposible contabilizar y facturar todos los productos que se adquieren. Obviamente, luego venderán con buen margen esa mercadería obtenida con descuento en su propio negocio.

Capítulo aparte para las mil y una trampas que los pícaros practicarán para entorpecer el trabajo de las cajeras y dificultar su tarea para conseguir los ansiados 15 minutos de demora en la cola. Lo que trae a colación otro de los temas que provocará interminables discusiones. ¿Quién, con que instrumentos y con qué contralor medirá el tiempo de espera de cada persona en la cola?

El país y la Provincia de Buenos Aires tienen todavía demasiados problemas sin resolver, algunos verdaderamente graves, como para que sus legisladores se ocupen de temas tan triviales, a los que por otra parte no le aportan ninguna solución. Sería encomiable que ocuparan su tiempo en resolver los primeros, que de los segundos se encargará la propia población, castigando con su elección de compra a quienes no le brindan el trato que merecen.