La reciente y penosa decisión que adoptaron este fin de semana las principales cadenas de supermercados, electrónica y productos para el hogar en la Argentina, al aceptar la orden clandestina y no escrita de funcionarios del Gobierno de suspender la publicidad en los medios independientes y críticos de la política oficial, debe interpretarse y entenderse como uno de los más graves ataques contra la libertad de expresión que se ha registrado en este país desde el retorno de la Democracia en 1983. Ya no solo estamos frente a un Gobierno que extorsiona económicamente a los medios otorgando o retirando el dinero de la publicidad oficial, sino que ahora la jugada es más audaz y letal contra el periodismo independiente: se trata de lograr, por presión o convicción, la complicidad del sector privado en semejante arbitrariedad contra las libertades individuales.

En verdad, asistimos a un alarmante proceso contra la libertad de prensa que naturalmente no comenzó el pasado fin de semana con la presión a los supermercados. Lleva muchos años de vigencia. Tal vez, y con el objeto de presentarme optimista en el grato reencuentro con los lectores de este diario, podría comentar que uno de los costados positivos de todo este dislate, es que la política del Gobierno en la materia se tornó tan alevosa y explícita desde el vamos por todo del año pasado, que finalmente un creciente número de argentinos comenzó seriamente a preocuparse por el futuro de los diarios, la radio, la televisión, los periodistas independientes y la libertad de prensa en el país.

Sin duda la aceleración del combate del Gobierno contra Clarín con la excusa de la Ley de Medios, o el ingreso del oficialismo en la propiedad y programación de Radio 10 y C5N, despertó sobre el fin del año pasado la inquietud hasta de los más cándidos observadores. Gracias a que los soldados del oficialismo vienen operando a cara descubierta, cada vez más gente comprende que no se trata solo de una batalla contra Clarín, mucho menos de aplicar una supuesta ley a favor de la diversidad de voces. El objetivo es controlar y hacer desaparecer todos los contenidos críticos que puedan surgir a través de la prensa, alinear a favor del oficialismo a los medios masivos, y aplicar represalias explícitas para los que no se someten a la Casa Rosada.

Se trata de una política de extorsión económica contra los propietarios de diarios, radios y canales de TV, ya no solo utilizando el dinero ilimitado de la pauta oficial, sino intentando también regular el flujo de la publicidad privada. Todo con el objeto de lograr el control estatal sobre los contenidos que se expresan en esos medios, definiendo desde los despachos de Gobierno qué se dice, por dónde se dice y quién lo dice.

Así las cosas, desde 2003 a la fecha, las radios (sobre todo las FM que escuchan los jóvenes) se poblaron de comunicadores fascinados con el kirchnerismo, muy críticos del capitalismo, que identifican a los empresarios con la derecha o a los productores rurales con la oligarquía. Diarios históricamente críticos e incisivos se tornaron menos intensos en cuestiones delicadas como la inflación, la persecución al que busca protección ahorrando en dólares, o el creciente estatismo económico. Y prácticamente desapareció el periodismo crítico en la TV abierta, hasta la tardía llegada de Jorge Lanata a Canal 13, casi una década después del arribo de los Kirchner al poder. En la TV por cable se cerraron señales para producciones independientes, y son cada vez menos y más complicados de sostener los espacios para periodistas profesionales críticos.

A esta altura de la crisis, cabe preguntarse por qué todo este proceso de colonización estatal en los medios de comunicación pudo resultar tan exitoso por parte del Gobierno. Sobran los dedos de una mano para enumerar las pocas empresas de medios realmente independientes, que pueden, por diversos motivos, resistir la extorsión económica del Estado con la pauta oficial. Y pronto no quedará ninguno, si ahora también se suma la abierta complicidad del sector privado en la consumación de esta tragedia contra la libertad de informar e informarse.

Interesa, sobre todo, preguntarse por el rol del sector privado y las empresas anunciantes en todo este proceso. Porque la verdad es que la estrategia exitosa que desarrolla el Gobierno y que le sigue garantizando resultados es haber logrando instalar un verdadero Estatismo de Medios en el país, donde prácticamente el único avisador relevante es el Estado. En los últimos 10 años desaparecieron una veintena de anunciantes que sostenían al periodismo independiente en radios, diarios y TV. Avisadores clave como YPF, Aerolíneas, AFIP, Anses, entre otros, se rigen hoy por la estricta centralización ordenada arbitrariamente desde la Jefatura de Gabinete; en tanto que grandes anunciantes privados, o ya no son tan privados por la excesiva regulación, o directamente prefieren no levantar la cabeza por temor a las represalias.

Contaré una breve anécdota: se contactó conmigo hace casi tres años un hombre de la TV para interesarme en la producción y conducción de un programa periodístico en el cable. Te regalamos el espacio, me dijo para convencerme. Fui raudamente y muy entusiasmado a conversar con el mejor productor de TV que conozco para programas periodísticos y recibí esta respuesta aleccionadora, ya en 2010:

Mira Willy, me dijo. Para hacer televisión independiente, hoy en la Argentina quedaron solamente tres avisadores y en este orden: Cristina, Mauricio y Daniel. Si los tenés a ellos, se puede. Con los avisitos que nos dan las empresas, no alcanza ni para pagar los costos del estudio de grabación. El Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, como único avisador.

En los pocos espacios disponibles que hoy quedan en radios y tv por cable, producir un programa competitivo de lunes a viernes en horario central cuesta entre $ 80.000 y $ 120.000 al mes si es radio; en tanto que la

TV por cable lleva esos costos de

$ 170.000 a $ 250.000 al mes. Imposible financiarlos con el sector privado. No se logran auspicios de las empresas para esos programas superiores, en promedio, a $ 5.000 en radio y $ 8 000 en la TV. De las 500 empresas más relevantes del país, solo 10% respaldan con avisos al periodismo libre. Son contados los avisadores que mantienen todo el año el apoyo publicitario. En general, los anunciantes desaparecen en verano y todas las producciones periodísticas van a pérdida los primeros tres meses del año. Salvo, claro, las bendecidas por el Gobierno, repletas de pauta oficial de enero a enero. Basta prender la TV o sintonizar la radio para ir confirmando como, de a poco, todos los programas van resultando más o menos oficialistas

Otro ejemplo práctico: tuve el placer de ser convocado en 2009 por Radio el Mundo para renovar la emisora y darle un formato periodístico profesional e independiente. Cumplimos un trabajo intenso en 4 años, bastante conformes todos, periodistas y directivos, de haber re posicionado a la Radio como un espacio objetivo, de buena información, con creciente audiencia. Nunca, en 4 años, pudimos lograr para la Radio que las empresas destinaran, aunque sea en una parte mínima, algo del millonario presupuesto que se maneja en marketing y publicidad, que se reserva para los supuestos medios grandes. Por supuesto que tuvimos, la radio y los periodistas, todo el acompañamiento posible que cada vez menos empresas en la Argentina reservan para el apoyo institucional al periodismo.

Me pasó algo parecido dos años antes, en 2007/2008, cuando Francisco de Narváez me llamó para revitalizar y poner en valor al diario El Cronista. Pudimos lograrlo, pero no tanto por el apoyo del sector privado en publicidad. El éxito y liderazgo que hoy consolida El Cronista en la prensa especializada se logró gracias a calidad de los periodistas del diario, y sin duda merced a la patriada del actual diputado por Buenos Aires que sostuvo económicamente al diario contra la extorsión oficial.

Volviendo al caso de Radio 10 y C5N, conviene recordar que Daniel Hadad, el empresario más exitoso en construccin de medios estos años, declaró que fue obligado a vender.

Corresponde preguntar, entonces, qué es lo que obliga tanto a los dueños o directores de medios a cumplir las órdenes de la Jefatura de Gabinete. Sencillo: sin publicidad oficial, se funden. Ya ni siquiera pueden contar demasiado con Daniel o Mauricio, que también abandonan al periodismo independiente y retiran la publicidad en verano. La única que sostiene a los medios es Cristina. Si existieran avisadores privados de peso, si las empresas resistieran la presión oficial para destruir económicamente a los medios críticos; es obvio que la capacidad del Gobierno de extorsionar con la publicidad oficial sería menor. Dice con ironía el consultor Sergio Berenstein que los empresarios argentinos pretenden que los medios defiendan la propiedad privada, pero no están dispuestos a soltar un peso para que ello suceda.

La poca gente que me conoce, que alguna vez me ha leído o me ha escuchado en radio y TV, sabe que de este tema vengo hablando hace años. Traté y trato de explicarlo en cuanta oportunidad tengo ante empresarios, políticos y periodistas. En AEA, en la UIA, en IDEA, con los bancos, a diputados y senadores, en las universidades.

Ni siquiera es una cuestión de plata. Porque el volumen de publicidad y anunciantes en la Argentina sigue siendo mayor en el sector privado que en el Estado. Bastaría con que los dueños de las empresas del país, o sus principales directivos, tomaran la decisión política de destinar no más de 3% o 5% del millonario presupuesto de marketing y publicidad que manejan, para garantizar la sustentabilidad de los medios y periodistas independientes, que además ahora son los que más venden porque las audiencias y lectores obviamente abandonan siempre la alcahuetería de los medios adictos.

A la hora de repartir la pauta oficial y ahora también re direccionar abiertamente la publicidad privada, el Gobierno se muestra unido y organizado. El resto del país, parte de la oposición, la gente que no vive del Estado, las empresas y los periodistas independientes, seguimos dispersos y perdiendo espacio.