Otro gigante del agro se mete en la pulseada por Vicentin. En medio de los intercambios judiciales entre las dos posturas que se presentaron para quedarse con la cerealera, la Unión Agrícola Avellaneda anunció este miércoles su respaldo a la propuesta de salvataje de la alianza entre Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC).

"La UAA hace público su apoyo a la propuesta de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, ya que la considera la más beneficiosa para Vicentin, sus empleados y acreedores, permitiendo poner fin a un proceso de más de cinco años", informó la compañía en un comunicado que envió a la prensa.

En caso de que Molinos Agro y LDC resulten ganadores de la propuesta, UAA se hará cargo del Nodo Norte, bajo el compromiso de mantener las fuentes de trabajo existentes. La ausencia de un plan para este negocio de Vicentin -el que le dio origen a la compañía- era una de las principales críticas del autor de la otra propuesta en carrera, Mariano Grassi. Este último eligió a Porta Hnos, dueño de las etiquetas Casalta y fernet 1882, como socio para el desarrollo y operación de estas plantas.

"Este acuerdo aporta una solución real para Biogas Avellaneda S.A., Planta Avellaneda y los restantes activos ubicados en Reconquista, Nicanor Molina y Avellaneda de Santa Fe, con un compromiso de protección de la continuidad de la actividad productiva", sostiene el comunicado. UAA también llevará a cabo un esquema de provisión a la planta industrial de Ricardone, que operará a través de un contrato de fasón.

El apoyo de UAA llega en un momento crítico del proceso judicial. Es que luego de que el empresario Esteban Nofal, dueño de Celulosa Argentina y uno de los principales acreedores de Vicentin, le anticipara a El Cronista que no apoyaría la propuesta de Molinos Agro y LDC, las compañías respondieron con un pedido al juzgado que lleva la convocatoria de la cerealera: que se excluya a Nofal del cómputo de las mayorías que exige la Ley de Concursos y Quiebras para aprobar el salvataje.

La demanda de las empresas se basó en que "el voto de Avir South (N.d.R la sociedad controlada por Nofal con la que el empresario compró la deuda de Vicentin con bancos internacionales) no debe contarse a los fines de alcanzar las mayorías requeridas por la ley, pues no se trata de un acreedor original de Vicentin, sino que adquirió sus créditos en forma posterior y en el contexto de una alianza entre Grassi y CIMA Investments, utilizando una estructura financiera y societaria offshore que compromete la transparencia del proceso".

Según la documentación que presentaron Molinos y LDC en la Justicia, "los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel S.A., una sociedad uruguaya controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA y apoderado de Avir South. Soripel, a su vez, recibió esos fondos de tres compañías ligadas con la familia Grassi. Entre ellas, Scarlett Sunset Ltd., una sociedad basada en Bahamas, la rosarina Comfi S.A, cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova -que asesora a Grassi-; y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a CIMA".

Entonces, si bien Molinos y LDC solicitaron a la justicia que se impugnaran los votos presentados por Grassi, el síndico de la compañía señaló que no corresponde adelantar un juicio sobre posibles exclusiones, y que cualquier análisis de este tipo se realizará al cierre del plazo para la obtención de conformidades.

"Desde UAA se considera esta, una propuesta financieramente sólida y simple, que respeta los derechos de cobro de los acreedores y busca ofrecer una salida ordenada, transparente y sostenible al proceso de reestructuración de Vicentin, asegurando la capacidad productiva, el empleo y la relación con los productores", finalizó el comunicado.