Una línea eléctrica acaba de enfrentar a algunos de los principales proyectos mineros del país y promete ser el inicio de un largo camino de trámites y oposiciones. Sucede que el ENRE, Ente Nacional Regulador de la electricidad, publicó la solicitud de Vicuña (la empresa creada entre BHP y Lundin para desarrollar los proyectos Josemaria y Filo del Sol) de 260 MW de electricidad para alimentar sus operaciones mineras, una cantidad tan importante como la demandada por una ciudad mediana.
La red eléctrica actual no alcanza y entonces la compañía plantea la construcción de nuevas obras: una línea de alta tensión de 500 kV de 167 km, dos nuevas estaciones transformadoras y la adaptación de existentes además de conexiones específicas hacia sus proyectos.
Vicuña se haría cargo de las obras, con una inversión que ronda los u$s 500 millones, y tendría prioridad para el uso de la infraestructura (accedería al 90% de la capacidad de las obras que financiará) durante 25 años, un lapso cercano a la vida útil del proyecto.
Luego de publicada en el Boletín Oficial, la resolución del ENRE abre un periodo con posibilidad de objeciones, medidas que ya comenzaron a tomarse tanto desde el ente regulador de la provincia de San Juan (EPRE), como de otros proyectos de la zona que demandarán también altas cantidades de energía para operar.
El EPRE se opuso al pedido y requirió que se llame a audiencias públicas. En su presentación, el organismo explico que “está analizando y evaluando distintas alternativas de financiamiento para la ejecución de nuevas obras de transporte en extra alta tensión (energización en 500 kV de la EAT Nueva San Juan-Rodeo y LEAT Rodeo Chaparro), a ser integradas en el Sistema Argentino de Interconexión y redes del sistema Interconectado Provincial de San Juan, incluyendo mecanismos de colaboración público-privada, similares a los ya implementados exitosamente en la Provincia”.
El cortocircuito encendió la alarma en alguno de los otros grandes proyectos mineros de la provincia como Los Azules (de McEwen), El Pachon (de Glencore) y Hualilan (cuyo mayor accionista es Eduardo Elsztain); y puso al descubierto una de las grandes trabas que encuentra el sector para iniciar realmente el desarrollo que se espera en el corto plazo: la infraestructura.
De hecho, en Vicuña sorprende la relevancia del tema. La explicación dentro de la compañía es sencilla: cualquier proyecto que requiera energía puede solicitar conexión y, si la capacidad existente no alcanza, proponer ampliaciones de la red.
La normativa prevé, de hecho, que cuando una empresa financia una ampliación específica del sistema, pueda tener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que genera esa obra. Pero esa prioridad se limita únicamente a esa ampliación puntual: no implica exclusividad sobre la red ni impide que otros proyectos presenten sus propias solicitudes o propongan nuevas ampliaciones.
Para Vicuña, incluso el expediente fue analizado por los organismos técnicos del sistema —Transener, CAMMESA y las transportistas y distribuidoras del área— y las conclusiones que se publicaron indican que la solicitud es técnicamente viable dentro del procedimiento regulatorio vigente.
El impacto de este cortocircuito entre compañías, Nación y San Juan podría tener un costo alto. El proyecto Vicuña proyecta inversiones de u$s 17.000 millones y sumado a otros de la provincia suman más de u$s 30.000 millones.