En esta noticia
La Justicia le puso un ultimátum a Flybondi. La aerolínea controlada por el grupo de Leonardo Scatturice, que se presentó en concurso preventivo a comienzos de octubre tras paralizar sus operaciones, deberá regularizar en cinco días hábiles una serie de inconsistencias detectadas en su presentación judicial si quiere evitar un eventual proceso de quiebra.
Según la documentación presentada ante la Justicia, Flybondi acumula pasivos por $ 609.589 millones, frente a activos por $ 176.103 millones, lo que arroja un patrimonio neto negativo de aproximadamente $ 433.500 millones.
La situación fue confirmada por fuentes cercanas a la compañía: “El juez está solicitando documentación faltante. De no presentarse puede negarse a aceptar el concurso y avanzar con la quiebra”, señalaron.
La causa tramita en el Juzgado Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pésaresi, bajo el expediente “FB Líneas Aéreas S.A. s/ Concurso Preventivo”.
Qué le exige la Justicia a Flybondi
Según la resolución dictada por el juez, el tribunal detectó inconsistencias, omisiones y documentación insuficiente en varios de los requisitos exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras para habilitar la apertura del proceso.
Entre otros puntos, el juez exige:
- Aclarar la verdadera composición accionaria de la empresa.
- Identificar quiénes aportaron los fondos que recibió Flybondi durante 2025.
- Explicar cómo ingresó el fondo COC Global Enterprise, presentado públicamente como nuevo accionista mayoritario.
- Precisar la situación de las deudas laborales.
- Corregir inconsistencias en los listados de acreedores.
- Informar el estado de su flota.
- Detallar cantidad de empleados activos, suspendidos y desvinculados.
- Entregar información financiera complementaria sobre flujos de fondos y pasivos.
El magistrado también ordenó requerir información a la ANAC y a la Secretaría de Transporte para determinar si la empresa mantiene vigentes las autorizaciones necesarias para explotar servicios aerocomerciales.
Flybondi sostiene que entró en cesación de pagos en marzo de 2026, luego de una fuerte caída operativa provocada por la inmovilización progresiva de su flota.
De acuerdo con el escrito presentado por la empresa, en enero de 2026 disponía, en promedio, de 8,33 aeronaves operativas sobre una flota de 13,67. En julio la cifra de disponibilidad descendió a 2,67 sobre 11.
En los primeros siete meses del año, la cantidad mensual de vuelos operados disminuyó aproximadamente un 95,3%. Durante julio, las cancelaciones representaron aproximadamente el 81,4% de la programación, mientras que los ingresos por venta de pasajes cayeron más del 90%.
En tanto, los costos de mantenimiento informados durante el primer semestre oscilaron aproximadamente entre u$s 1.666.000 y u$s 2.587.000 mensuales.
Entre los acreedores aparecen empresas de servicios aeroportuarios, proveedores tecnológicos, combustible, transporte terrestre y organismos estatales.
La propia Flybondi admitió ante el juzgado cheques rechazados por más de $ 1766 millones entre junio y agosto de este año.
La lupa sobre COC Global Enterprise
Uno de los focos de la investigación judicial está puesto en la estructura societaria de la compañía. Los trabajadores denunciaron que existen contradicciones respecto del desembarco de COC Global Enterprise y del empresario Leonardo Scatturice, quien públicamente fue presentado como el hombre detrás de la adquisición de Flybondi en 2025.
“Debe resaltarse que una presentación concursal que omite toda referencia a quien públicamente se atribuyó el control de la sociedad no expone con claridad la realidad empresaria de la deudora y no satisface los recaudos del art. 11 de la Ley 24.522, cuyo cumplimiento debe verificarse antes de resolver sobre la apertura”, se lee en el documento presentado ante la Justicia.
En agosto pasado, COC Global, la firma liderada por el empresario argentino que en el último año inyectó más de u$s 70 millones para sostener a Flybondi, anunció que iniciaría acciones legales contra Cartesian Capital Group, el fondo de inversión estadounidense que es accionista de la low cost, para que “normalice la situación de la compañía con el objetivo de dar certeza sobre la continuidad de sus operaciones”.
La relación entre ambas partes se deterioró definitivamente el pasado 15 de julio. Ese día, COC Global difundió un comunicado en el que informó haber detectado una serie de irregularidades durante el análisis de la situación interna de Flybondi.
Entre ellas mencionó la existencia de pasivos ocultos, desvíos de fondos y decisiones que calificó como “fuera de toda lógica comercial”.
Para el juzgado, esta cuestión no es menor. Y es que durante 2025 la empresa informó:
- Aportes de capital por alrededor de $ 75.900 millones.
- Préstamos por más de $ 25.200 millones.
- Aportes irrevocables por otros $ 46.279 millones.
Entonces, dado que no quedó acreditado quién aportó esos fondos ni bajo qué estructura jurídica ingresaron, el juez ahora exige identificar a los beneficiarios finales de los aportes y explicar la verdadera estructura de control de la compañía.
El concurso todavía no fue abierto
Pese a la enorme repercusión del caso, el concurso preventivo aún no fue formalmente abierto por el juzgado.
De hecho, en una comunicación enviada por el propio tribunal a otro juzgado federal, se aclaró expresamente que “no se encuentra abierto -al día de la fecha- el concurso preventivo de FB Líneas Aéreas S.A.”.
Esa definición es de suma importancia, ya que significa que Flybondi todavía se encuentra en la etapa previa de análisis de requisitos. Y es justamente allí donde aparece el ultimátum judicial.