La Justicia decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda, luego de que fracasaran las instancias para evitar la liquidación de la compañía textil de la familia Vicentin. La decisión llegó después de que venciera, sin interesados inscriptos, el plazo para el salvataje de la empresa y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con sus acreedores.
La resolución fue firmada este miércoles por el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe. El magistrado dispuso el desapoderamiento de los bienes de la sociedad y ordenó activar el proceso de venta de la empresa.
La causa entró en esta instancia después de que Algodonera Avellaneda no consiguiera las mayorías necesarias para homologar una propuesta de acuerdo preventivo. El principal obstáculo para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco de la Nación Argentina (BNA), que concentra más del 80% del pasivo de Algodonera Avellaneda.
La entidad, que reclama créditos por $ 1585,7 millones y u$s 260,7 millones, rechazó las propuestas de pago de la textil al considerar que apenas se trataba de una recuperación marginal frente al monto total adeudado.
Algodonera Avellaneda tuvo una última oportunidad de evitar la quiebra a través del mecanismo de salvataje, también conocido como cramdown. El 14 de septiembre el juzgado había abierto el registro para que acreedores, cooperativas de trabajo y terceros interesados se inscribieran con propuestas para adquirir las acciones de la sociedad y presentar un acuerdo preventivo.
Sin embargo, el plazo venció el 5 de octubre sin que se registraran oferentes. Ante ese resultado, el magistrado consideró agotadas las alternativas previstas para preservar la compañía dentro del concurso preventivo y declaró su quiebra.
Una deuda de más de u$s 260 millones
En los fundamentos de la sentencia, el juez señaló que el pasivo financiero verificado supera los u$s 260 millones, a lo que se suman obligaciones en pesos. Además, estimó que la deuda posconcursal supera los $ 6000 millones, producto de las dificultades de la empresa para afrontar costos operativos, servicios públicos e impuestos.
El deterioro se profundizó durante el proceso concursal. En diciembre de 2025, la Justicia había concedido una primera prórroga del período de exclusividad, que luego volvió a extender en febrero de 2026, aunque por un plazo menor al solicitado por la compañía. En julio, habilitó una instancia extraordinaria para que la firma reuniera las conformidades necesarias, pero tampoco logró alcanzar un acuerdo.
La apertura del salvataje fue el último intento de encontrar un interesado que asumiera el control de la empresa y permitiera evitar la quiebra. La ausencia de propuestas terminó por cerrar esa vía.
La posibilidad de mantener la producción
Pese a decretar la quiebra, la Justicia no ordenó un cierre inmediato de las plantas. Por el contrario, instruyó a la sindicatura a analizar si resulta conveniente continuar transitoriamente con la explotación para preservar el valor de los activos y facilitar una eventual venta como unidad productiva.
“El cierre del establecimiento, la paralización de las actividades y la venta de los bienes en forma individual es, sin lugar a dudas, la última alternativa o (la última ratio), del sistema liquidativo”, sostuvo el fallo.
El síndico deberá presentar un plan operativo, un presupuesto de ingresos y gastos, la nómina del personal indispensable y los mecanismos de control de los fondos generados. La continuidad, de todos modos, dependerá de que se cumplan los requisitos legales y de que resulte conveniente para el proceso de liquidación.
El objetivo, según la resolución, es priorizar la venta de la empresa en marcha o de sus unidades de negocios, siempre que esa alternativa permita obtener un mejor resultado que la venta individual de los activos.
La sentencia también ordenó la incautación de los bienes, instalaciones, plantas industriales y documentación de la compañía, además de la inhabilitación de la sociedad y de los integrantes de su directorio. Asimismo, dispuso que los administradores no puedan salir del país sin autorización judicial.
La resolución convocó, además, a acreedores, trabajadores, prestadores de servicios de fason y otros interesados a una audiencia para el 22 de octubre, con el objetivo de atender las cuestiones vinculadas con esta nueva etapa del proceso.
La empresa tiene tres unidades industriales: la planta de hilandería de Reconquista, Santa Fe, -su activo principal y que funciona al 60% de su capacidad-, y dos plantas desmotadoras ubicadas en Chaco y en Santiago del Estero.