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El Banco Nación endureció su posición en el concurso preventivo de Algodonera Avellaneda y pidió a la Justicia que rechace la homologación del acuerdo presentado por la empresa. En un escrito de más de 80 páginas, la entidad sostuvo que la compañía busca excluirla del cómputo de mayorías para poder aprobar una propuesta que nunca contó con su aval y calificó esa estrategia como una “maniobra” improcedente.
Además, cuestionó la viabilidad económica del plan de pagos y advirtió que implica una “quita encubierta” por los extensos plazos y las bajas tasas de interés ofrecidas.
La presentación fue realizada luego de que Algodonera Avellaneda solicitara excluir al Banco Nación del cómputo de mayorías necesarias para homologar el acuerdo preventivo. La compañía argumentó que la entidad actuó como un “acreedor hostil” y que su negativa a aceptar las distintas propuestas terminó bloqueando cualquier posibilidad de alcanzar un entendimiento.
El banco rechazó de plano esa acusación y sostuvo que la empresa intenta apartar de la votación al acreedor que concentra más del 80% del pasivo verificado para poder imponer un acuerdo “al que jamás prestó conformidad”. “La maniobra es evidente, burda e inadmisible”, afirmó en el escrito presentado ante el juez que lleva adelante la causa, Fabián Lorenzini. La deuda equivale a $ 1585,7 millones y u$s 260,7 millones.
Además, cuestionó con dureza las sucesivas ofertas presentadas por la concursada. Según detalló, la primera propuesta contemplaba una quita del 90% del capital y pagos a 16 años. Luego, la empresa incorporó distintas alternativas con plazos de hasta 20 años y, finalmente, una opción de pago del 100% del capital a 35 años, con un único desembolso al final del período.
Para la entidad, esa alternativa implica en los hechos una fuerte pérdida de valor del crédito. En el expediente, la entidad sostuvo que, pese a presentarse como un pago íntegro del capital, el valor actual neto de la propuesta representaría apenas una recuperación marginal frente al monto total adeudado.
El banco también defendió su actuación durante las negociaciones y aseguró que participó de todas las reuniones convocadas por el juzgado. Incluso, señaló que llegó a analizar esquemas excepcionales de repago de hasta 20 años para intentar acercar posiciones, aunque remarcó que nunca aceptaría una quita de capital por tratarse de fondos públicos.
En paralelo, advirtió sobre la situación patrimonial de la empresa. Entre otros puntos, mencionó que Algodonera Avellaneda arrastra deudas postconcursales millonarias, mantiene atrasos salariales con unos 220 trabajadores y no concretó aportes comprometidos por parte de sus accionistas.
Algodonera Avellaneda al borde de la quiebra
A comienzos de la semana pasada, la algodonera de la familia Vicentin solicitó a la Justicia excluir al Banco Nación (BNA), su principal acreedor, de la votación para reunir las mayorías necesarias y lograr la homologación judicial del concurso preventivo. Se trata de una maniobra que busca destrabar el acuerdo y evitar la quiebra de la compañía, que se encuentra en una situación sumamente comprometida.
La presentación fue realizada luego de que venciera el plazo que la empresa tenía para alcanzar un entendimiento con sus acreedores. Durante este período de exclusividad, el banco rechazó las ofertas de la firma, lo que bloqueó la posibilidad de llegar a un acuerdo.
“Hoy mi representada no es más que un rehén de una entidad financiera que, independientemente de la alternativa que se le presente, no va a otorgar su conformidad”, sostuvo en el escrito, Héctor Luis Vizcay, el abogado de la firma.
Según sostuvo, la postura del BNA impide avanzar con la reestructuración de la deuda y pone en riesgo la continuidad de la compañía. “Véase que la hostilidad del BNA pone en juego las fuentes de trabajo de cientos de personas que actualmente se encuentran bajo la dependencia de Algodonera Avellaneda en las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero”, señaló.
La empresa, que se encuentra concursada desde 2024, también sostuvo que el rechazo del BNA no responde únicamente a criterios económicos. Según planteó, detrás de la negativa pesa el impacto judicial y político que tuvieron los créditos concedidos al grupo Vicentin antes de su default.
Actualmente, la planta de Reconquista está operando con 144 empleados y su producción se encuentra en torno a los 312.000 kilos de hilos bajo modalidad a fasón. En lo que respecta a sus tres plantas desmotadoras, ubicadas en Chaco y Santiago del Estero, la firma reactivó sus operaciones, luego de haber cerrado un acuerdo con la rebautizada Nueva Vicentin Argentina -la sociedad en manos de Mariano Grassi luego del cramdown-.