En esta noticia
El sistema de pensiones en México atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Mientras el senador morenista Ignacio Mier relativiza el riesgo financiero, especialistas advierten sobre un deterioro acelerado que podría comprometer la estabilidad de instituciones clave como el IMSS y el ISSSTE.
El déficit, que ya supera los mil millones de pesos, se combina con una presión demográfica creciente que tensiona las finanzas públicas. El fuerte crecimiento poblacional registrado entre 1960 y 1980 —cuando la población del país se duplicó— comienza a reflejarse hoy en un aumento sostenido de trabajadores que alcanzan la edad de retiro.
En ese contexto, las reformas aplicadas en los últimos años resultaron insuficientes para garantizar pensiones adecuadas, que en muchos casos apenas representan entre el 25% y 40% del ingreso previo a la jubilación.
La bomba de tiempo demográfica: millones de mexicanos al borde del retiro sin recursos suficientes
La crisis del sistema de pensiones es el resultado de un proceso de largo plazo y no de un fenómeno reciente. Durante las décadas de 1960 y 1980, la población del país se duplicó, lo que impulsó una expansión sostenida del empleo formal y permitió que millones de trabajadores jóvenes aportaran de manera constante.
Hoy, ese mismo grupo poblacional comienza a alcanzar de forma masiva la edad de jubilación, lo que genera una presión creciente sobre las finanzas del IMSS y del ISSSTE. El desequilibrio es estructural: el número de pensionados aumenta a un ritmo mayor que el de los trabajadores activos que realizan aportes, una relación que compromete la sostenibilidad del sistema.
A este escenario se suma el aumento de la expectativa de vida. Los mexicanos viven más años que en décadas anteriores, lo que extiende el periodo durante el cual deben pagarse las pensiones. En términos prácticos, una persona que se retira a los 60 años puede recibir ingresos durante dos décadas o más, incrementando de manera significativa el costo financiero para las instituciones de seguridad social.
De acuerdo con reportes recientes, México se aproxima a un punto crítico en materia de pensiones. Aunque desde el Gobierno Federal se buscó atenuar la gravedad del escenario, especialistas en finanzas públicas advierten que, sin ajustes de fondo, las tensiones sobre el sistema continuarán profundizándose en el corto y mediano plazo.
Morena niega la crisis mientras las instituciones se desangran financieramente
Pese a las advertencias de distintos analistas, el discurso oficial apunta a llevar calma. El senador Ignacio Mier, jefe de la bancada de Morena, definió la situación como una “presión normal” comparable a la que atraviesan los países desarrollados, al señalar que el envejecimiento de la población representa un desafío común para los sistemas de pensiones.
No obstante, especialistas advierten que la comparación presenta límites evidentes. A diferencia de esas economías, México carece de un respaldo financiero equivalente y de mecanismos de compensación que amortigüen el impacto del aumento sostenido en el número de jubilados.
En ese marco, el legislador también buscó reencuadrar el debate al describir el gasto en pensiones como una inversión social destinada a quienes aportaron durante décadas al país. Si bien el planteo tiene un componente político y simbólico, no despeja el interrogante central sobre la viabilidad financiera del sistema.
Mier atribuyó parte del problema a la reforma impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón y sostuvo que la actual administración avanzó en corregir sus desequilibrios mediante la creación de un fondo de pensiones. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones disponibles, esas medidas no alcanzaron para compensar la magnitud del desafío estructural.
Del 25% al colapso total: por qué las pensiones actuales no alcanzan para vivir
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es el nivel de las pensiones que perciben los jubilados. De acuerdo con lo reconocido por el propio senador Mier, el esquema vigente permite acceder, en promedio, a ingresos que representan entre el 25% y 40% del salario percibido durante la etapa activa.
En términos concretos, un trabajador con un ingreso mensual de 15,000 pesos recibiría una pensión de entre 3,750 y 6,000 pesos. Estos montos resultan limitados frente al costo de vida actual y dificultan la cobertura de gastos básicos como vivienda, alimentación, servicios y medicamentos, un aspecto especialmente relevante en una etapa de la vida en la que la demanda de atención médica suele incrementarse.
Esta distancia entre los ingresos previsionales y las necesidades reales lleva a muchos jubilados a depender del apoyo familiar, a permanecer en actividades informales durante la vejez o a enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica. Se trata de un escenario que tensiona el objetivo central del sistema de pensiones, pensado para asegurar condiciones de vida adecuadas tras décadas de trabajo.
Con el IMSS y el ISSSTE operando bajo un déficit que supera los mil millones de pesos y sin definiciones claras sobre cómo mejorar de manera sustantiva los haberes, el país enfrenta un dilema de fondo. La discusión pasa por avanzar en una reforma estructural que permita sostener el sistema en el tiempo o asumir el costo social de postergar decisiones en un contexto de envejecimiento acelerado de la población.