El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado una nueva carga fiscal para todos los titulares de cuentas bancarias que realicen depósitos en efectivo que sobrepasen un límite prefijado cada mes.

El fin principal de esta acción es mejorar la transparencia en las finanzas y combatir las actividades económicas no reportadas.

La autoridad fiscal mexicana ha comunicado que esta regla busca “promover la rendición de cuentas y prevenir operaciones ocultas” que podrían estar relacionadas con la evasión de impuestos o el blanqueo de capitales.

Cuál es el límite para los depósitos bancarios en efectivo

El monto límite mensual se trata de un tope a los depósitos en efectivo que se pueden realizar sin que el SAT aplique una multa. El valor máximo es de $15,000 pesos al mes. Si se rebasa esta cantidad, se aplicará un impuesto del 3% únicamente sobre la cantidad excedente.

Por ejemplo, si alguien deposita un total de $26,000 pesos, el excedente es de $11,000 pesos. El impuesto sería de $330 pesos, es decir 3% de $11,000 que equivale al excedente del límite.

Los bancos están obligados a notificar al SAT sobre cualquier movimiento que rebase la cifra establecida.

El SAT subraya que el objetivo de la medida no es imponer un castigo, sino asegurar que los fondos depositados provengan de fuentes legales y que el dinero real que maneja el contribuyente concuerde con lo que se declara.

Esta normativa es válida tanto para individuos (personas físicas) como para empresas (personas morales) que ingresen dinero en efectivo a sus cuentas bancarias por encima del tope mensual.

Quiénes están exentos de la medida del SAT

Las transferencias bancarias electrónicas (como SPEI o TEF) no están sujetas a este impuesto, dado que su rastro es fácilmente verificable.

Cómo evitar los recargos del SAT a los depósitos bancarios

Para evitar el gravamen del SAT se aconseja:

  • Evitar realizar depósitos en efectivo que superen el límite mensual permitido.
  • Priorizar el uso de medios de pago digitales o electrónicos.
  • Guardar toda la documentación que demuestre la procedencia lícita del dinero ingresado.