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A través de una serie de acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscará fortalecer su lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.
En específico, se centrará en el reforzamiento de la gestión de riesgos para establecer controles más efectivos sobre los contribuyentes.
Además, se realizará evaluaciones de control de confianza a las personas que actúen como servidoras públicas, y que ocupen puestos y funciones de alto riesgo.
El nuevo mecanismo del SAT para evitar la corrupción y la evasión fiscal
El organismo público, en línea con sus objetivos estratégicos, se enfocará en el reforzamiento de la gestión de riesgos.
Esto va más allá de una simple revisión; implica una transformación integral de cómo el organismo público aborda y maneja las incertidumbres que podrían afectar sus operaciones y el cumplimiento de su misión.
En esencia, el reforzamiento se centrará en cuatro pilares fundamentales:
- Mejora en la identificación de riesgos
- Optimización de la evaluación de riesgos
- Desarrollo de estrategias de respuesta robustas
- Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de riesgos
SAT refuerza la cultura de integridad y obtiene alta calificación en honestidad
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene en marcha un proceso permanente de capacitación y concientización para el personal, enfocado en promover los valores de ética, integridad y buen gobierno.
Además, intensificó la supervisión del cumplimiento normativo tanto en sus áreas administrativas como en los espacios de atención al contribuyente.
Entre enero de 2020 y marzo de 2025, estas acciones derivaron en la presentación de 5,355 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), involucrando a 5,433 personas.
De ese total, 1090 individuos fueron vinculados a proceso: 68 eran servidores públicos, 467 ciudadanos particulares y 555 personas físicas relacionadas con empresas.
Como parte del trabajo conjunto con la FGR, se emitieron sentencias contra 591 contribuyentes, que incluyeron penas de hasta cuatro años de prisión y pagos por reparación del daño por un monto máximo de 4.644.668 pesos. Asimismo, se impusieron sanciones a 50 servidores públicos, que oscilaron entre multas de hasta 60 mil pesos y condenas de seis meses a cuatro años de prisión.
Estos avances han fortalecido la imagen del SAT entre la ciudadanía. Prueba de ello es la calificación de 9.2 sobre 10 que obtuvo en el Indicador de Honestidad por Experiencia en Servicios (IHES) en lo que va de 2025.
