El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los conductoresde automóviles y motocicletas de todo el país el cobro de impuestos a quienes adeuden multas de tránsito con una firme advertencia.
Si bien el cobro de multas corresponde a la Guardia Nacional a quienes no cumplen las normas de tránsito, el SAT puede intervenir en casos particulares. Las infracciones en el territorio de México equivalen a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 24,000 pesos.
En caso que el organismo tributario deba intervenir ante el impago de las multas, las sanciones pueden ser más graves y elevadas ya que la infracción será procesada como un adeuda fiscal. Esto equivale a consecuencias como embargo de bienes o cuentas bancarias del conductor.
Cuándo interviene el SAT para el cobro de multas a conductores imprudentes
El reglamento de tránsito de México estipula cuáles son las normas para circular por las carreteras públicas de todo el país. Las mismas incluyen medidas de seguridad y protección al volante tales como velocidades máximas y mínimas, el uso de cinturón de seguridad o casco, entre otras.
En caso de que un conductor sea pillado en infracción, se emitirá una multa. La misma debe ser abonada dentro de los 30 días hábiles, en caso contrario comienza un proceso de cobranza coactiva por parte del SAT.
Este procedimiento incluye una serie de acciones legales para recuperar la deuda que comienza con el envío de un requerimiento de pago formal que exige el abono inmediato de la deuda. Si el mismo no es atendido, el organismo puede proceder a solicitar el embargo de bienes.
Entre otras acciones posibles, el SAT puede congelar las cuentas bancarias y el embargo del vehículo. Además, en algunos casos, se puede suspender la licencia de conducir hasta que la deuda sea saldada.
Cómo pagar un multa de tránsito
Los infractores pueden obtener su línea de captura marcando 088 en su teléfono celular o ingresando a la página oficial de la Guardia Nacional. En caso de que la multa sea pagada dentro de los primeros 15 días se ofrece un descuento; mientras que si el infractor acepta la sanción y renuncia a su derecho de apelación puede beneficiarse de un descuento extra del 25%.