En esta noticia
En medio de cuestionamientos públicos y debates sobre el uso de recursos, una decisión interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a generar ruido entre los mexicanos. No se trató de una votación jurisdiccional ni de un fallo histórico, sino de algo que, puertas afuera, tocó una fibra sensible.
El foco estuvo puesto en una serie de bienes que, por su naturaleza y costo, despertaron críticas inmediatas. En ese escenario, el Máximo Tribunal quedó obligado a responder.
Sin adelantarlo todo, la medida adoptada marca un antes y un después en la política interna del Poder Judicial. Lo que parecía un asunto administrativo terminó por convertirse en un mensaje institucional.
Suprema Corte, austeridad y la decisión sobre los vehículos blindados
Fue recién después de que la polémica escalara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó el trasfondo. En conferencia conjunta con el Órgano de Administración Judicial, ministras y ministros anunciaron que no harán uso de los nuevos vehículos blindados y que estos serán reasignados a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
La determinación se enmarca en la política de austeridad, eficiencia y responsabilidad institucional. Desde la Corte aclararon que la seguridad “no es un lujo”, pero también subrayaron que el uso de recursos públicos debe responder a criterios de racionalidad y necesidad real.
Al 1° de septiembre de 2025, el Poder Judicial había recibido 39 vehículos, aunque cuatro correspondían a adquisiciones de la anterior integración.
Tras evaluaciones técnicas, se concluyó que parte de la flotilla no cumplía con los estándares requeridos para el trabajo cotidiano de ministras y ministros, lo que abrió la puerta a esta redefinición.
Ahorro, recursos públicos y el impacto de la decisión de la Suprema Corte
El presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, detalló que esta decisión forma parte de un esquema más amplio de ahorro y uso eficiente de recursos públicos. Según las estimaciones oficiales, en los próximos dos años el Poder Judicial podría generar un ahorro cercano a mil millones de pesos.
Además, se proyecta un ahorro de 6,249 millones de pesos durante el presente año y una reducción presupuestal de 16,000 millones de pesos para 2026, sin afectar la operación ni la seguridad institucional. Parte de esta estrategia incluye la desincorporación de 21 unidades blindadas.
Desde la Suprema Corte insistieron en que la medida no es simbólica ni improvisada. Se adoptó mediante un acuerdo colegiado, conforme al debido proceso administrativo, y busca atender el interés de la sociedad sin comprometer el funcionamiento del Estado. El mensaje final fue claro: rendir cuentas también implica revisar decisiones internas, incluso cuando generan incomodidad.
