La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que ninguna dependencia federal, estatal o municipal puede contratar a Transportes Lipu mientras existan recursos federales de por medio, una restricción que surgió de un proceso de sanción iniciado en octubre de 2025. La Séptima Sala Regional de la Ciudad de México concedió a Transportes Lipu, S.A. de C.V. una medida cautelar que suspende la publicación oficial de su sanción en el Diario Oficial de la Federación, pero no la inhabilitación en sí misma. Es decir, el Tribunal Federal no absolvió a la empresa ni anuló la penalización impuesta el 31 de octubre de 2025 por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar: una inhabilitación temporal de nueve meses como proveedora del gobierno federal. La distinción es clave. La Secretaría Anticorrupción precisó en la circular publicada el 13 de marzo de 2026 que “la inhabilitación continúa vigente y sus efectos se mantienen”, por lo que ningún funcionario de los tres niveles de gobierno puede celebrar contratos con la compañía cuando haya recursos federales involucrados. Transportes Lipu opera bajo la marca Traxión, a la que migró su flota desde que el proceso sancionatorio comenzó a tomar forma. La compañía se describe a sí misma como la operadora de transporte de personal más grande del país, con más de 8,000 unidades, más de 28,000 viajes diarios y cerca de 1.4 millones de pasajeros trasladados cada día, cubriendo más de 37.5 millones de kilómetros mensuales. Esa magnitud convierte la inhabilitación en una medida de alto impacto para el sector, ya que bloquea el acceso de una flota de esa escala a licitaciones y contratos públicos en todo el territorio nacional mientras el juicio contencioso administrativo número 26535/25-17-07-1 continúa su curso ante el Tribunal Federal. La resolución del Tribunal es interlocutoria, lo que significa que es provisional y forma parte del desarrollo del juicio, no su conclusión. Transportes Lipu impugnó la sanción y obtuvo la suspensión de su difusión oficial, pero el fondo del asunto —si la inhabilitación fue legal y proporcional— aún no fue resuelto. Mientras el caso avanza, la circular de la Secretaría Anticorrupción obliga a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a cumplir con la restricción en todos los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó que Lipu incumplió en la entrega de documentación necesaria para la firma de un contrato. Este incumplimiento fue considerado “de forma” (es decir, administrativo/procedimental). Como consecuencia, se le impuso: