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Desde este mes, el concepto de Monto Transaccional del Usuario (MTU) se establece como un requisito indispensable en todas las cuentas bancarias de México. Esta condición será fundamental para realizar transferencias de dinero a través de la banca digital, ya sea desde una computadora o mediante aplicaciones móviles.
El esquema del MTU consiste en fijar un límite máximo para las operaciones y, a partir del 1 de enero de 2026, su implementación será obligatoria para ciertas cuentas, aunque todas deben tener este monto definido sin excepción.
Conozca los detalles de esta medida y cumpla con las disposiciones bancarias vigentes a nivel nacional. De no hacerlo, existe la posibilidad de enfrentar sanciones y advertencias.
¿Qué es el MTU y cuál es su función?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la entidad responsable de la emisión de esta regulación, cuyo propósito es robustecer la seguridad de los recursos pertenecientes a los usuarios del sistema bancario.
La normativa establece varios aspectos que facilitan la comprensión del funcionamiento del Monto Transaccional del Usuario.
El MTU se aplica exclusivamente a personas físicas, es decir, a aquellos individuos que poseen derechos y obligaciones de acuerdo con la definición proporcionada por el SAT.
¿Cómo calcular el MTU?
El límite no restringe el acceso al dinero, ya que los recursos permanecen disponibles todo el tiempo. Para fijar el límite, la institución financiera tomará como referencia los perfiles de transacción de otros usuarios con características similares.
El monto puede ser determinado directamente por el usuario, incluso desde el momento de apertura de cualquier cuenta, producto o servicio financiero. En caso de que el usuario no establezca un monto máximo para sus transacciones, la regulación señala que será el propio banco el encargado de definirlo.
Consecuencias de no determinar el MTU en 2025
A partir del 1 de enero de 2026, si el límite no fue definido por el usuario, la institución financiera puede establecerlo de manera automática conforme a la normativa vigente.
Aunque la autoridad reconoce que esta medida no erradicará por completo los fraudes financieros, sí la considera un mecanismo que refuerza la seguridad y contribuye a la protección del patrimonio de los usuarios de la banca.