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La confrontación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y el Grupo Salinas escaló a una batalla abierta y mediática, luego de que los ministros resolvieran por segunda vez en menos de una semana contra el presidente del grupo, Ricardo Salinas Pliego. El consorcio denunció que la justicia “ha dejado de proteger a los ciudadanos para subordinarse al poder político”, en un fallo que considera un “atropello sistemático”.
La empresa calificó la actuación de la SCJN como una “Corte espuria” que actúa “por consigna política, vulnerando nuestros derechos humanos y violando el Estado de Derecho”. Desde el Grupo Salinas aseguraron que los ministros de la SCJN o “Nueva Corte”, “resolvieron en contra nuestra, violando principios fundamentales y contradiciendo incluso sus propios criterios” para acatar las órdenes.
El comunicado oficial reitera que, a pesar de la controversia, seguirán defendiendo sus derechos y causas ante instancias nacionales e internacionales, convencidos de que “la razón ética y jurídica nos asiste”. Sentencian que no los silenciarán: “Aquí vamos a seguir por muchos años más”, aunque “les incomode” al Gobierno.
La guerra entre el Grupo Salinas y el Poder Ejecutivo recién empieza
La controversia se centra en fallos relacionados con las empresas de Ricardo Salinas Pliego, emitidos por los ministros de la SCJN en menos de siete días. El Grupo Salinas señala que la Nueva Corte actúa en un “episodio más de este modus operandi del ‘nuevo’ tribunal constitucional”, donde los ministros votaron “con el dictado de Palacio Nacional”.
La empresa critica que la SCJN haya “desechado nuestros argumentos, apegados a ley y criterios jurídicos sólidos, sin mayor análisis ni discusión del fondo”, demostrando un claro “prejuicio y sesgo en torno al señor Salinas Pliego y sus empresas”. Para el Grupo, esto evidencia que la justicia es una “herramienta selectiva al servicio del poder político”.
Las duras críticas y la respuesta del Grupo Salinas a la SCJN
El comunicado afirma que la Suprema Corte ha exhibido “su verdadera intención y motivación política”, al convalidar y revocar derechos del grupo con el fin de “cumplir el mandato que les ha marcado el Poder Ejecutivo”. Denuncian que este accionar es una “clara evidencia de que la división de poderes en nuestro país simplemente ya no existe”.
Se acusa a la Corte de violar principios fundamentales del Estado de Derecho, incluyendo la legalidad, el debido proceso y la igualdad de trato, actuando “con absoluto descaro y sin pudor alguno”. Grupo Salinas subraya la existencia de “contradicciones y discrecionalidades evidentes” por parte de esta “Corte espuria”, al desestimar el fondo de sus recursos jurídicos.
El reciente antecedente judicial de los casinos y el lavado de dinero
El antecedente más reciente de esta disputa pública se remonta a la investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que incorporó a la lista de personas morales bloqueadas a 13 casinos por presunto lavado de dinero. Esta investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum afectó a dos empresas de Grupo Salinas.
Las empresas vinculadas al consorcio fueron Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., ambas con operaciones en la Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó “flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas no supervisadas”.
El Grupo Salinas rechazó tajantemente las acusaciones, calificando la medida de Hacienda como “un acto autoritario e infundado” y alegando que cumplía cabalmente “con todos los requerimientos legales”. El consorcio denunció esta acción como una “persecución de Estado” dirigida contra su presidente, advirtiendo: “No nos van a callar. No nos van a doblar”.
