El panorama de las telecomunicaciones en México se encamina hacia una transformación radical. A partir de 2026, la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convertirá en un requisito indispensable para todos los usuarios de telefonía móvil, marcando un antes y un después en la relación entre suscriptores y operadoras.
Esta medida busca fortalecer el control sobre la identidad de los titulares de las millones de líneas activas en el país. El objetivo principal de las autoridades es vincular de manera oficial cada número telefónico con un ciudadano registrado, intentando mitigar el uso de dispositivos anónimos en actividades ilícitas.
Cuál es el impacto para los usuarios y las empresas
La transición no será opcional. Los usuarios que no cumplan con la actualización de sus datos personales y la validación de su CURP ante sus respectivos proveedores podrían enfrentar la suspensión definitiva de su servicio. Esto obligará a las empresas como Telcel, AT&T y Movistar a desplegar campañas masivas de regularización.
Para el sector empresarial, el reto reside en la logística y la protección de datos. Las operadoras deberán garantizar que el proceso de vinculación sea ágil y, sobre todo, seguro, evitando que la centralización de información sensible se convierta en una vulnerabilidad ante posibles ciberataques o filtraciones.
Por qué será obligatoria la CURP
Desde la perspectiva de la seguridad pública, la obligatoriedad de la CURP pretende reducir los delitos de extorsión y fraude. Al existir un registro trazable, las autoridades consideran que se tendrá una herramienta más eficaz para la persecución de delitos cometidos a través de redes móviles.
Se recomienda a los consumidores verificar desde ahora que su CURP esté certificada por el Registro Nacional de Población (Renapo). Tener el documento actualizado facilitará el trámite una vez que las plataformas de las compañías telefónicas habiliten los módulos de registro obligatorio.
Finalmente, el 2025 será un año clave para la comunicación institucional sobre este tema. El éxito de esta política dependerá de la claridad con la que se informe a la población y de la capacidad técnica de las instituciones para procesar el flujo de datos de más de 130 millones de líneas móviles.
