El Príncipe Harry, Duque de Sussex, ha sufrido un revés legal significativo en su pugna por recuperar la protección policial financiada por el Estado británico durante sus visitas al Reino Unido. Desde su decisión de apartarse de sus roles reales en 2020 y establecer su residencia en California junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos, ha visto cómo se retiraban varios de sus privilegios, entre ellos la escolta de seguridad estatal.
Sin embargo, el Príncipe Harry argumentó ante los tribunales británicos que, a pesar de su nueva vida en el extranjero, él y su familia aún son objeto de amenazas de seguridad sustanciales cada vez que regresan a suelo británico. En consecuencia, interpuso una demanda contra el Gobierno del Reino Unido con el objetivo de restablecer la protección policial oficial durante sus estancias en el país.
No obstante, el sistema judicial británico no ha fallado a su favor. El tribunal encargado del caso desestimó la solicitud del Duque de Sussex, dictaminando que la decisión de reducir su nivel de seguridad se ajustó a la legalidad y respondió a criterios razonables.
Los motivos de por qué el Príncipe Harry perdió su juicio contra Reino Unido
El argumento central de la corte se basó en el hecho de que el Príncipe Harry ya no desempeña funciones oficiales en representación de la Corona británica.
Adicionalmente, el juez a cargo del caso expresó su preocupación ante la posibilidad de permitir que individuos con recursos económicos sufraguen la protección policial pública. Se consideró que tal precedente podría ser perjudicial, ya que este servicio esencial debe reservarse exclusivamente para figuras públicas activas o aquellas que enfrentan un riesgo oficial comprobado.
Tras conocer el veredicto adverso, el Príncipe Harry manifestó públicamente su inquietud ante la imposibilidad de viajar al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, debido a la percepción de una falta de seguridad adecuada.
Asimismo, lamentó profundamente que esta situación pueda tensar aún más su relación con su padre, el Rey Carlos III, y el resto de la familia real. Este fallo judicial representa un obstáculo considerable para el Príncipe en sus futuros viajes a su país natal y subraya la complejidad de equilibrar la seguridad de la realeza no activa con el uso responsable de los recursos.
