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El gobierno de Donald Trump entregó esta semana a las autoridades migratorias los datos personales, incluyendo el estatus migratorio, de millones de beneficiarios del programa Medicaid, en una acción que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración.
Un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press revelan que funcionarios del programa intentaron sin éxito frenar la entrega de datos, argumentando que la medida planteaba serias preocupaciones legales y éticas.
El gobierno de Trump entregó datos personales de miles de inmigrantes a autoridades de deportación
Los datos compartidos incluyen información de personas residentes en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C. Estos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y detalles de reclamaciones de los inscritos en esos estados.
Estos sitios permiten que personas que no son ciudadanas estadounidenses se inscriban en programas de Medicaid, el cual paga sus gastos utilizando únicamente fondos aportados por los contribuyentes estatales.
Expertos advierten que, además de facilitar la localización de migrantes, esta información podría ser utilizada por el gobierno para obstaculizar futuros trámites migratorios, como la obtención de residencia legal, residencia permanente o la naturalización, en caso de que hayan recibido beneficios cubiertos con fondos federales.
¿A qué se debe esto?
A finales del mes pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) informaron que estaban revisando a ciertos beneficiarios en varios estados, para asegurarse de que no se hayan utilizado fondos federales en la cobertura de personas con un "estatus migratorio insatisfactorio".
En una carta dirigida a funcionarios estatales, los CMS señalaron que esta medida respondía a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 19 de febrero, titulada "Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas".
La palabra de las autoridades
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la acción como "extremadamente preocupante y potencialmente ilegal", y subrayó que podría detonar miedo en comunidades que ya enfrentan redadas federales con apoyo de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina en Los Ángeles.
Pese a la polémica, el Departamento de Salud y Servicios Humanos aseguró que el intercambio de datos estaba respaldado por la ley, y tenía como objetivo garantizar que los recursos del Medicaid se destinen a quienes tienen derecho legal a recibirlos.